Frente Amplio gastó mucho y consiguió poco; con ajustes, recortes y rebajas todo será peor

Rendición de Cuentas y Presupuesto

La rendición de las cuentas públicas se refiere al gobierno anterior, pero las tiene que presentar el actual; esa norma podrá traer un artículo solo: apruébese. En tanto la ministra de Economía confirmó esta semana que a pesar de que el futuro es más incierto que cinco años atrás, el presupuesto será quinquenal y no cada uno o dos años, como eligió hacer Astori en el último mandato.

Antes del fin de este mes tiene que entrar la Rendición de Cuentas al Parlamento y el 30 de agosto es el plazo máximo para el presupuesto quinquenal. Ambas leyes tienen 45 días en cada Cámara.

El Senador Jorge Gandini no estaría de acuerdo en aprobarle las cuentas públicas al gobierno del Frente Amplio. “El presupuesto pasado preveía para el 2019 un déficit fiscal del 3% y terminó el año con un 5%, le erraron por 1.200 millones de dólares. El desempleo casi trepó al 11, la inflación no estuvo en el rango meta y el endeudamiento creció más”. Es un tema difícil aprobar esa rendición aunque considera que es un lindo debate, porque es sobre cómo dejaron el país.

Tolerancia cero con el gasto

La receta es única: hay que ajustarse y achicar el gasto. Y los caminos no son múltiples: o el ajuste lo hace cada ministro, o el ajuste lo hace el equipo económico. No hay más vuelta.

Así fue el lineamiento general este miércoles en la Torre Ejecutiva, cuando el presidente Luis Lacalle Pou reunió a todo su gabinete para iniciar la discusión presupuestal.

La ministra de Economía Azucena Arbeleche transmitió a sus pares que no va más la “lógica incremental” del Presupuesto (según la cual cada Unidad Ejecutora proponía cuántos recursos adicionales necesitaba a los que ya tenía asignados en presupuestos previos).

La apuesta de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es que los ministerios y organismos “agucen el ingenio” y hagan “más con menos” o iguales recursos, resumió una fuente del gobierno.

Primer soplido y se voló el techo

El gobierno ratificó un recorte del 15% del presupuesto para el Ministerio de Vivienda, a pesar de que la titular de la cartera Irene Moreira se había puesto públicamente la meta de construir 50 mil viviendas y erradicar los asentamientos.

Medidas como apelar a la inversión privada, reducir los fondos para el cooperativismo y reducir el presupuesto de la ANV sepultan la posibilidad también con este gobierno de un Plan Nacional de Vivienda Popular que de respuesta a la crónica necesidad de un amplio sector de familias trabajadores, las de ingresos por debajo de la canasta básica.

Polémica en el MIDES

Pablo Bartol informó en el programa En la mira, que continúa revisando las cifras que dejaron las autoridades anteriores del Mides y que en algunos casos, se realizarán denuncias penales.

El Ministro de Desarrollo Social también consignó que se cerraron tres refugios administrados por una ONG, porque eran un esperpento.

Si bien inicialmente no quiso dar detalles, tras la insistencia del periodista Gabriel Pereira para que dijera qué ONG era la que malgastaba el dinero que recibía del Ministerio, confirmó que se trata de PLEMU.

En otro pasaje de la entrevista, el titular del Mides dijo que trabajan contra reloj para sacar de la calle a mil personas en esta situación.

Uno de los objetivos es la habilitación de nuevos refugios, aplicando un nuevo modelo y que en los últimos días fueron a ver el edificio donde funcionada el sanatorio del BSE en Mercedes y Julio Herrera y Obes.

Entre los objetivos planteados está sacar de la calle a personas mayores de 65 años y atender su situación durante el resto del día, más allá de que tengan un refugio donde pasar la noche.

En tanto desde el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA) se denunció en las últimas horas que desde el 26 de abril no se han recibido partidas de dinero para el funcionamiento ni para pagos de salarios en la mayoría de los refugios y centros de 24 horas del Mides. Sostienen que hay 800 trabajadores que están sosteniendo los proyectos en base a su compromiso y sin cobrar sus sueldos.

Reclaman que la información brindada por las autoridades sobre la situación de refugios y centros de 24 horas de Mides es poca y confusa, generando gran incertidumbre, dado que la mayoría están sin firmar convenios licitados en 2019.