Un cambio que no sirve

Foto Mundo Ecoturismo

Uno pudiera alegrarse cuando se entera que los partidos de la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo para eliminar de la LUC (Ley de Urgente Consideración) la redacción que impedía la creación o ampliación de áreas naturales protegidas sin el consentimiento expreso de los propietarios de los campos. Pero la alegría dura poco, ya que esa condición se sustituye por otra igual o peor: la voluntad política de la Intendencia Departamental.

La primera versión introducida en el segundo borrador de la polémica LUC establecía que para incorporar un área privada al SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) el Ejecutivo debía contar con el consentimiento de los dueños de la tierra y, en caso de no obtenerlo, el único camino posible para anexar la propiedad como área protegida era la expropiación. Sin el consenso necesario, la coalición de gobierno optó por negociar un nuevo articulado.

El cambio sustancial que plantea esta nueva redacción es que para incorporar un área pública o privada al SNAP el Ejecutivo, desde la formulación de la propuesta o en el caso de que se amplíen las áreas protegidas que integran el sistema, deberá respetar “las disposiciones, instrumentos y principios de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes en acuerdo con las autoridades departamentales competentes”.

Esto podría ser inconstitucional porque la ley 17.234 declara al SNAP de “interés general”. ¿Se puede supeditar su intervención a las facultades otorgadas a las Intendencias por la ley 18.308? Veremos qué dicen los expertos, que no se han pronunciado aún al respecto. Lo que claramente no sirve es que desaparezcan las restricciones que suponía para las áreas protegidas la autorización de los privados, pero se imponen otras, de modo que por ejemplo, en Treinta y Tres con la nueva redacción que se propone votar no hubiera sido posible la reciente ampliación de la Quebrada de los Cuervos.

¿Puede el interés general de todo el país, constitucionalmente protegido, más allá de dónde se habite o se vote, quedar subordinado a la voluntad política de una Intendencia? Todos sabemos que los gobiernos departamentales están expuestos a presiones de empresarios poderosos a los que se les está dando aún más oportunidades de torcer las cosas en su beneficio, aunque ello implique daño ambiental, social y económico para el país. ¿Qué garantías tenemos de que las Intendencias no cederán a esas presiones? Lamentablemente esta nueva redacción de la LUC sigue favoreciendo el interés particular por encima del interés general.