LUC: 26 de Marzo rechaza profundización de políticas neoliberales en la Educación

La docente Romy Silva y el estudiante de profesorado Gonzalo Martínez, ambos integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo –Unidad Popular, analizaron el estado actual de la educación en nuestro país, que se nutrió del intercambio, aportes y consultas a través de una transmisión por redes sociales.

Décadas de lucha

A partir de un repaso del proceso educativo, marcando un primer hito a mediados del siglo XX (con la conquista de la autonomía y cogobierno de la Universidad de la República);

los planteos y las experiencias socio-pedagógicas de Julio Castro, Reina Reyes y Martínez Matonte y las luchas estudiantiles de la década del ’60);

la intervención de la educación en tiempos de dictadura imponiendo un modelo neoliberal que barriera con esos avances (censurando y destituyendo a docentes, encarcelando torturando y desapareciendo a estos referentes sociales y políticos de izquierda desarticulando así los proyectos educativos y los avances que se registraban a través de las diversas organizaciones sociales);

la Ley de de Emergencia de Sanguinetti en 1985 que rigió hasta la primera década del siglo XXI (que reguló el sistema educativo bajo una lógica neoliberal, concibiendo la educación como una mercancía a la cual no todos pueden ni deben acceder; donde estudiantes y docentes nunca tuvieron esa responsabilidad de forma exclusiva en la toma de decisiones, quedando siempre sometida a los lineamientos del Poder Ejecutivo y a los intereses económicos);

la posterior reforma de (Germán) Rama en 1995, durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, como una expresión de esa lógica neoliberal en educación (con cambios en los contenidos educativos y en el formato de enseñanza en el “plan 96”, sustituyendo las disciplinas por áreas, ciencias sociales; y con otros aspectos que se mantienen hasta nuestros días como la creación de los Centros Regionales de Profesores (CERP), y las escuelas de tiempo completo como forma de compensar las desigualdades en los ritmos de aprendizaje);

el debate educativo promovido en 2006 con la llegada del Frente Amplio al gobierno (que culminó un proceso de discusión y elaboración en el cual participaron cientos de organizaciones sociales, en cientos de asambleas barriales, sindicales y estudiantiles, materializadas en las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Educación – Maestro Julio Castro), desarrollando una instancia social, popular y democrática del cual surgiría la nueva ley de educación respondiendo a los intereses populares y de izquierda, consolidando así la alternativa en materia de educación;

la aprobación por parte del Frente Amplio entre gallos y medianoches a fines de 2008 de la Ley General de Educación, desconociendo absolutamente las resoluciones del Congreso Julio Castro y por ende el legado histórico de la educación alternativa, y rechazada en pleno por las organizaciones sindicales y gremiales además por ir más a fondo con aspectos mercantilistas en materia de educación (esta ley progresista no otorgó la autonomía y cogobierno a toda la educación, no creó la universidad de la educación, habilitó la participación de la educación privada en la toma de decisiones en las políticas educativas y permitió la implementación de programas basados en la lógica mercantilista);

la creación en 2007 del Plan Ceibal creado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto firmado por varios ministerios, inspirado en la propuesta de Nicholas Negroponte en el Foro Eco nómico Mundial de 2005 en Suiza, e impuesto por la Presidencia sin consulta alguna a los actores de la comunidad educativa (otorgando laptops para los niños y docentes sin tener siquiera pensado un plan de formación para su uso, dejándolo a la voluntad y capacidad de los docentes, así como la posibilidad de contar con otros recursos como el acceso a internet), con un cuestionamiento particular al financiamiento de este programa así como los salarios de los jerarcas, mientras los de docentes y funcionarios quedaron postergados desde una perspectiva histórica.

LUC y presupuesto

En cuanto a la Ley de Urgente Consideración, denunciaron que elimina de los planes gubernamentales la idea de la Educación Pública, favorece las privatizaciones y avala las PPP (Participación Público Privada) así como la injerencia del empresariado en el diseño de las políticas educativas, al tiempo que suprime la participación de los trabajadores en los organismos de conducción.

Según Silva y Martínez, esta discusión política no puede aislarse además de lo que es la lucha por Presupuesto digno, tanto en infraestructura educativa como salarial.

“Es evidente que el tema del presupuesto de la educación pública tiene dos aspectos esenciales; por un lado el tema salarial de los docentes y no docentes y por otro -aunque no alejado ya que se refiere a las condiciones de trabajo- vinculado al tema infraestructura y recursos.

Ambos aspectos evidencian el lugar que ocupa la educación para el gobierno.

Como todos sabemos, el porcentaje del PBI otorgado a la educación pública ha sido sistemáticamente insuficiente, tanto para sostener el propio sistema como para emprender caminos de superación o alternativos”, indicaron en un pasaje de la transmisión.

A continuación analizaron el desarrollo de la lucha presupuestal en las últimas décadas, tanto el 3,15% del PBI que dejaron 2 décadas de gobiernos blanqui-colorados tras la dictadura (que incluso promediando la década del ’90 fue necesaria una campaña por un magro 2,7%), como las posteriores 3 administraciones frenteamplistas que incumplieron el prometido 4,5% primero y el 6% después.

En la era progresista se destaca la inclusión además de otros organismos o servicios dentro de la categoría de presupuesto educativo, negando así la particularidad del presupuesto de la Anep y Udelar. “Por lo tanto, ese insuficiente porcentaje era generado con la sumatoria de diversas partidas presupuestales, como ser la escuela policial, el capitán miranda, el propio plan CEIBAL, etc.”.

Señalaron que “esta evolución marginal del presupuesto educativo (comparado con otros financiamientos por ejemplo el pago de la deuda externa, el cual significó el año pasado el equivalente al 6% del PBI) no reflejó grandes avances”, en las dos áreas principales como son el salario y la infraestructura. Consideraron que “si bien es verdad que hubo un aumento del salario, el mismo sigue siendo insuficiente para quienes trabajan 20 horas semanales, tiempo que todo docente debería trabajar como máximo”.

En ese sentido, destacaron un dato del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) de 2017-2018, el cual revela que en Uruguay los salarios docentes solo fueron superiores al PBI per cápita entre los años 1910 y 1970.

Denunciaron a su vez que sin resultados aceptables en materia de recuperación salarial, la contracara de la política de exoneraciones tributarias a la educación privada.

“Mientras el FA negaba el presupuesto necesario a la educación pública, habilitaba a que los colegios y universidades educativas privadas, es decir empresas que lucran con la educación, siguieran sin pagar impuestos, incluso esos mismo que sí debe pagar la educación pública”, aseveraron.

Esto puede verse en datos concretos de INEEd, donde la renuncia fiscal hacia el sector educativo habría representado en 2015 6.548 millones de pesos. En términos reales, la renuncia fiscal creció durante los dos primeros mandatos frenteamplistas una tasa acumulativa anual de 7,6%. Las exoneraciones del IVA, el IRAE y los aportes patronales, que solo aplican a instituciones de enseñanza privada, representan el 97,1% del total de la renuncia fiscal al cierre de 2015.

Las privatizaciones arrojan pésimos resultados

Por último, los dirigentes nacionales del 26 de Marzo analizaron el notorio avance de las privatizaciones en la educación en los últimos 15 años, a partir de 4 ejes (la educación privada, las injerencias de empresas en la educación pública, los liceos públicos de gestión privada y la construcción de centros bajo la modalidad PPP), confrontándolo con los resultados educativos considerados además según la situación socioeconómica del estudiantado, tras lo que concluyeron: “queda claro que en el uruguay hay una educación para ricos y otra para pobres”.

Vendrá más lucha

Romy Silva y Gonzalo Martínez auguraron nuevas expresiones de lucha para enfrentar

la Ley de Urgente Consideración e impulsar la lucha presupuestal por recursos genuinos no menores al 6% del PBI para Anep y Udelar + el 1% para Investigación y Desarrollo, dando la pelea contra al avance privatizador que se registra desde hace décadas

y en defensa del sistema de educación público.

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