Coordinadora de Jubilados exigió retirar de la LUC todo lo que concierne a la seguridad social (docu

“Pretendemos defender, mejorar y desarrollar la seguridad Social que tiene como pilares

el carácter público, la universalidad, el reparto, la solidaridad intergeneracional,

la responsabilidad del Estado y su administración participativa y democrática”.

Una delegación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (COJUPE), afiliada a la nueva central sindical CSGU, presentó este viernes un documento a la Comisión del Senado que tiene a su cargo el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración, en ocasión de ser recibidos para fundamentar su posición concerniente a los artículos vinculados a la seguridad social.

En su propuesta, entienden “necesario y sano la revisión del Sistema de Seguridad Social”, pero desde su punto de vista “esa revisión debe dar lugar a una reforma que debe mejorar mucho lo que existe”.

Recuerdan que “las dos grandes reformas” que hubo a la seguridad social “significaron grandes retrocesos y pérdida de derechos conquistados”, y por ello consideran esencial en la Reforma que proponen, que se procese “la derogación de las AFAP y el retorno de los fondos al BPS”, dado que “las AFAP han destruido el concepto solidario del sistema promoviendo sistemas de capitalización mercantilistas e individualistas”.

El gobierno en la LUC busca a través de la creación de una Comisión de Expertos, proponer o “formular recomendaciones” para analizar la Seguridad Social.

“Nos parece que no se puede olvidar que la Seguridad Social vive gracias a quienes aportan y soportan el sistema. Lo que hace necesario que exista un consenso de los actores sociales para que la revisión y resoluciones que se tomen tengan sustentabilidad política más allá de cada gobierno.

La primera observación que nos merece entonces, es la falta de participación en la Comisión de Expertos de los actores del sistema (trabajadores, jubilados, patrones) en el análisis y propuestas a futuro.

Entendemos fundamental, por la importancia estratégica de Reconstruir el Sistema de seguridad social y todo lo antedicho, que se genere un ámbito de real intercambio, análisis, participación y resolución con presencia de todos los involucrados en el sistema.

Para lo que, se debe retirar de la ley de urgente consideración todo lo que concierne a la seguridad social, para ser tratado en un ámbito especifico, manejando plazos y participación acordes a la importancia del tema”, finaliza el documento de la COJUPE presentado a los legisladores.

Documento presentado a la comisión parlamentaria de la LUC por la CoJuPe / CSGU / FSM

Señores Legisladores;

Entendemos que la seguridad social, es un Derecho Humano Fundamental, que ha sido reafirmado categóricamente en el derecho internacional y que es un derecho esencial de nuestra constitución.

La consideración de derecho humano para la seguridad social aparece claramente en la Declaración de Filadelfia de 1944, y fue reconocida como un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas.

Este derecho fue posteriormente reconocido en diversos tratados internacionales y tratados regionales de derechos humanos. En 2001, la Conferencia Internacional del Trabajo, compuesta de representantes de los Estados, patrones y trabajadores, afirmó que la seguridad social "es... un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social".

Y en el artículo 67 de nuestra Constitución se dice que: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc., y a sus familias, en caso de muerte la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.

Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario”.

Defendemos la seguridad social de carácter Público.

Estas son algunas de las premisas principales, a partir de las que nuestra Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, con el conjunto de los trabajadores, activos y pasivos, hemos trabajado y luchado durante décadas en defensa de y por el desarrollo del sistema de Seguridad Social.

Sistema que tiene como pilares el carácter Público, la Universalidad, el Reparto, la Solidaridad intergeneracional, la responsabilidad del estado y su administración participativa y democrática.

Sistema que tiene como cometido esencial – en esta sociedad- generar la protección suficiente antes los riesgos e imprevistos económicos y sociales que padecemos, asegurar la atención de las necesidades básicas y forjar una vida digna para toda la población.

Por lo que entendemos que, la seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y combatir la pobreza, prevenir la exclusión social, promover la inclusión social y reducir la desigualdad social.

Resulta ser un instrumento sustancial entonces, para enfrentar la Injusticia Social, generada por el sistema capitalista en el que vivimos.

Resumiendo lo esencial de nuestra propuesta

a- Entendemos entonces necesario y sano la revisión del Sistema de Seguridad Social. Esa revisión debe dar lugar a una reforma, que desde nuestro punto de vista debe mejorar mucho lo que existe.

Reforma que debe reconstruir y profundizar los pilares de la Universalidad, el Reparto, la Solidaridad intergeneracional, la responsabilidad del estado y su administración participativa y democrática.

No caben dudas de que no es bueno para nuestro país ver, escuchar y que se ponga a la Seguridad Social como un lastre para la población.

La actual emergencia sanitaria ha demostrado claramente el rol preponderante que juega la Seguridad Social y el Estado en escenarios como el que vivimos. Así como demuestra la incapacidad y el fracaso del mercado para hacerle frente.

Porque no se puede olvidar las dos grandes reformas que hubo a la seguridad social y que significaron grandes retrocesos y pérdida de derechos conquistados.

La dictadura impuso el Acto Institucional Nº. 9 aprobado en 1979 y luego, ya en democracia en 1995 la ley 16 713 creando el “sistema mixto” que privatizo las pasividades, a través de las Afaps.

b- Por ello consideramos esencial en la Reforma que proponemos, procesar la derogación de las AFAPs y el retorno de los fondos al BPS.

Entonces al sistema de pasividades de solidaridad intergeneracional, donde todos los activos aportan para que puedan cobrar todos los pasivos, con las AFAP, se le sumó un sistema de ahorro individual en que cada quien aporta para su propia pasividad.

Este sistema de AFAP implica la incorporación del lucro privado en el sistema de seguridad social, a través de empresas que utilizan los aportes de los trabajadores para obtener beneficios (comisiones) y para rentabilizar inversiones.

Beneficios, inversiones y ganancias que benefician a las empresas privadas y perjudican al sistema público.

O sea las AFAP han destruido el concepto solidario del sistema promoviendo sistemas de capitalización mercantilistas e individualistas.

Y mientras tanto se encamine este proceso, de inmediato quitar la opción del Art. 8 de la Ley 16.713. Así se daría un financiamiento extra al sistema y modificaría la prevalencia del sistema mercantil por el social.

Dicho artículo establece la posibilidad que en la primera franja de aportes (aporte universal) el trabajador pudiera optar por un régimen mercantil que obliga al BPS a trasladar fondos al sistema de AFAP (50% del aporte) y al estado cubrir al trabajador como si el 100% del aporte se hubiera realizado al sistema.

En su oportunidad fue propuesto tendiendo a la promoción de las AFAP que hoy carece de sentido y ha quedado demostrado que muchos trabajadores pasan la mayoría de su vida en las franjas inferiores haciendo que el BPS soporte el sistema privado mercantil.

Entendemos que no debe haber restricción de asesoramiento del Art. 405 limitando la posibilidad de opción y una vez más tendenciosamente, afirmando los regímenes privados y mercantilistas.

c- El gobierno en la LUC busca a través de la Creación de una Comisión de Expertos proponer o "formular recomendaciones" para analizar la Seguridad Social.

Nos parece que no se puede olvidar que la Seguridad Social vive gracias a quienes aportan y soportan el sistema. Lo que hace necesario que exista un consenso de los actores sociales para que la revisión y resoluciones que se tomen tengan sustentabilidad política más allá de cada gobierno.

La primera observación que nos merece entonces, es la falta de participación en la Comisión de Expertos de los actores del sistema (trabajadores, jubilados, patrones) en el análisis y propuestas a futuro.

Entendemos fundamental, por la importancia estratégica de Reconstruir el Sistema de seguridad social y todo lo antedicho, que se genere un ámbito de real intercambio, análisis, participación y resolución con presencia de todos los involucrados en el sistema.

Para lo que, se debe retirar de la ley de urgente consideración todo lo que concierne a la seguridad social, para ser tratado en un ámbito específico, manejando plazos y participación acordes a la importancia del tema.

Montevideo 22 de Mayo 2020

CoJuPe / CSGU / FSM

#LUC #ReformadelaSeguridadSocial