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Treinta y Tres | Historias que duelen y comprometen

  • Anibal Terán Castromán
  • 22 may 2020
  • 3 Min. de lectura

Frente al cuartel de Treinta y Tres hay una placa que pasa desapercibida para muchos. Dice: “En este edificio fue asesinado Luis Batalla Piedrabuena. Primer muerto por torturas en una unidad militar. 25 de mayo de 1972.”

¿Quién fue Luis Batalla y por qué lo mataron en ese cuartel? Veamos algunos datos de dominio público, recabados por la Secretaría de DD.HH. para el pasado reciente, dependiente de Presidencia de la República.

Luis Carlos (apodado “El nucho”) nació el 10 de enero de 1942, era un albañil de 30 años domiciliado en la calle Simón del Pino 221, barrio 25 de Agosto de nuestra ciudad, estaba casado con María Esther Méndez y era padre de dos niñas llamadas María Ester y Heina Susana, cuando fue detenido el 21 de mayo de 1972. Lo llevaron al cuartel donde lo golpearon tanto que murió el día 24 de “anemia aguda por ruptura traumática de hígado”, según consta en el certificado firmado por los doctores Walter Buscasso y Raúl Antiga.

La primera versión que le dieron a su familia es que había “muerto del corazón” después de haber intentado escapar, circunstancia en la cual se había lesionado al caer de una escalera. El Coronel Eduardo Silva entonces jefe de la región militar que incluye a Treinta y Tres, le dijo al Diputado Daniel Sosa Díaz que lo visitó para pedirle información: “no le daremos ninguna explicación ni información que usted debe solicitar al ministro.” Fue realizada entonces el 22 de junio de 1972 una interpelación parlamentaria al Ministro de Defensa Gral. Enrique Magnani quien intentó ampararse en el secreto presumarial para no revelar los nombres de los responsables del crimen. Ante la evidencia que se siguió acumulando de torturas y muertes en cuarteles de distintas partes del país, el Ministro terminó presentando su renuncia 19 de julio de 1972.

¿Qué peligrosidad pudiera revestir este humilde ciudadano al que torturaron hasta la muerte? Era miembro del Partido Demócrata Cristiano, integrante de la flamante coalición Frente Amplio. Inteligencia militar lo tenía fichado por antecedentes como haber firmado un manifiesto enviado al Ministro Alejandro Zorrilla de San Martín, pidiendo el mantenimiento de relaciones con Cuba. Haber sido orador en representación de Salud Pública en un acto realizado en la Plaza Artigas de la ciudad de Salto el día 1º de Mayo de 1968. Estar presente en el acto de inauguración del Movimiento de la Defensa de las Libertades Públicas en la misma ciudad el mismo año. También se le imputa ocuparse en “adoctrinar” al personal de la planta El Espinillar de ANCAP para que hicieran reclamos sindicales.

En aquellos tiempos con un gobierno todavía “democrático” encabezado por Juan María Bordaberry (recordemos que el golpe de estado fue en 1973) la citada inteligencia militar llevaba un detallado registro de todos los movimientos de gente considerada sospechosa: con quién, dónde y con qué frecuencia se reunía, dónde trabajaba, qué ingresos tenía, su ideología política y religiosa, etc. Las garantías constitucionales estaban suspendidas. 1972 es considerado el año de mayor violencia política y represión estatal, pudiéndose constatar, según datos oficiales, la detención ilegal de un total de 2.146 ciudadanos, así como la muerte de 55 ciudadanos por responsabilidad del Estado, más de la mitad de todos los asesinados en el período 1968-1973. El primero de ellos muerto en un cuartel fue Luis Carlos Batalla Piedrabuena.

Todo esto entristece, indigna y abruma, pero también nos compromete, porque no podemos permitir como lamentablemente está ocurriendo que se pretenda absolver tantos crímenes cometidos con la pregunta “¿hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”.

Por el crimen de Batalla están acusados los ex militares Héctor Sergio Rombys Kulikov y Arquímedes Maciel, por homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con reiterados delitos de abuso de autoridad, cuya condena fue solicitada por Fiscalía el 16 de Mayo de 2019 ante el Juzgado Penal de 25 turno. En el pedido de procesamiento se aportan numerosos testimonios que indican sin lugar a dudas que la tortura de los detenidos era una práctica cotidiana en el cuartel de Treinta y Tres, y de pleno conocimiento de todo el personal.

Hace ya más de un año que se aguarda una resolución judicial del caso Batalla y en pocos días se cumplirán 48 años de su muerte. Estas cosas son tristes, pero no podemos hacer de cuenta que no ocurrieron y tenemos que hacernos cargo de que jamás pueden volver a repetirse.

(Adjunto foto de Luis Batalla y de la placa que lo recuerda)


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