Hipotecando más las políticas ambientales

Autoridades del MGAP.

Si hablamos de medio ambiente, el camino transitado estos últimos 15 años, ha sido sinuoso, lleno de baches, con algunas cañaditas limpias para acallar las voces. El actual gobierno viene en clara marcha atrás en muchos aspectos, haciéndonos transitar los caminos aledaños y de tapaboca. Con respecto al medio ambiente, se agregaron a último momento dos artículos, el 500 y el 501 -para sus amigos del campo- en los cuales el gobierno se lava las manos con alcohol en gel y le da la derecha a los grandes latifundistas.

Dichos artículos tratan de las áreas protegidas, y los cambios propuestos han generado el rechazo de 75 científicos con experiencia en gestión e investigación del tema.

En el espacio radial del frente de lucha ambiental Delia Villalba que se emite los domingos entre 10:30 a 11 por Radio Centenario Corina Devita y Vitto Mata, dos de sus conductores, entrevistaron al antropólogo y docente de la Universidad de la Republica Carlos Santos quien señalaba lo siguiente:

“Con un conjunto de profesores de la Universidad trabajamos estos temas, muchos del área científico natural, biólogos, agrónomos, así como compañeros del área de las ciencias sociales, estábamos haciendo una nota para que en el tratamiento parlamentario de la ley se tomara en cuenta”.

Es de tener en cuenta que la nota ha sido muy difundida. Estos 75 docentes que trabajamos en estos temas explican las graves consecuencia que van a tener los artículos referidos. Además que va a tener un problema directo sobre las áreas protegidas, que es un 1% del territorio, tiene un efecto gravísimo sobre una política de conservación de la biodiversidad, que hay que mejorar y profundizar.

Por otra parte tiene un precedente legal que sienta, que es que el propietario de la tierra tenga derecho de decir que política o no está vigente en su suelo. “La mayor parte de las áreas protegidas en Uruguay están instaladas sobre campos privados. Se le dice a los propietarios, en su campo hay un área protegida y hay una serie de políticas de conservación que Ud. Tiene que respetar. Lo mismo sucede cuando se aplican las medidas del Santa Lucía: para mejorar la calidad de agua de la cuenca del Santa Lucía que abastece a Montevideo y la zona Metropolitana, se le dice a los productores que no pueden fumigar hasta determinada distancia, no puede utilizar estos productos. Lo mismo ha sucedido en la Laguna del Cisne y en otras regiones”.

Aquí llega el punto si la ley le va a dar potestad a los empresarios privados, particulares, de tomar las decisiones y el Estado se queda callado, no se va a poder aplicar ninguna política de tipo ambiental, de protección de la salud de la gente, de la salud del ambiente.

“Es un antecedente gravísimo que asemeja mucho a la política ambiental de Bolsonaro en Brasil”. Está claro que se está retrocediendo en lo poco que se había logrado al respecto. Dicho de otro modo, en lo que se avanza es en la política privatizadora, empresarial, defensora a ultranza de la propiedad privada. “Va a hipotecar la posibilidad de políticas ambientales de protección del interés general”.

Esto ha quedado en evidencia en las declaraciones del Presidente en Cerro Largo, un departamento donde se está discutiendo que hacer con un área protegida que entró el año pasado y que fue muy cuestionada por empresarios rurales de la zona. Esa área salió con impulso de la DINAMA y la Intendencia. Se está anunciando que se va a hacer algo en Paso Centurión algo que está en esta Ley, dándoles la derecha a los empresarios para que decidan o no si quieren estar dentro de un área protegida.

Por otra parte, el ex presidente de la sociedad de productores forestales es quien está dirigiendo la política forestal del Ministerio de Ganadería. Es una costumbre que los empresarios de cada rubro asumen en los puestos claves de cada ministerio. Sumemos que en la LUC se propone la creación del Ministerio de Ambiente.