LUC no resuelve el problema de acceso a la vivienda para las familias trabajadoras

Este gobierno tampoco lo considera urgente

A partir de la propuesta de Unidad Popular, en el período pasado todos los partidos coincidieron que era un debe de la política del Frente Amplio, pero con este nuevo gobierno una vez más se beneficia a especuladores y grandes constructoras.

Gonzalo Martínez: “Necesitamos un Plan de Vivienda Popular con construcción directa por parte del Estado”.

Gonzalo Martínez, quien 5 años atrás estuvo al frente de la elaboración del Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública desde la bancada de Unidad Popular, se refirió en las últimas horas a algunos elementos importantes vinculados a la problemática de la vivienda, que como afirmó, es una de las principales que hoy enfrentan los trabajadores en el Uruguay.

Hoy existe en nuestro país un déficit habitacional de alrededor de 80 mil viviendas, lo cual sin duda es un numero grande. Pero la realidad es aun mas compleja para las familias trabajadoras. El integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, expresó que “cuando uno interactúa con la gente, descubre que esa cifra realmente se ha quedado corta, porque si vemos la cantidad de personas que viven en los asentamientos, que se ven obligadas a alquilar, la cantidad de hogares donde viven dos o tres núcleos familiares, sin duda que estas 80 mil viviendas como déficit son limitadas”.

Martínez explicó que esto se debe en gran medida al enfoque que se le sigue dando al tema. En vez de tomar políticas basadas en las necesidades de la gente y con el objetivo de atender los intereses del pueblo, se ha buscado beneficiar a los especuladores inmobiliarios, a las grandes constructoras, promoviendo pequeñas medidas que si bien pueden ser una solución para un numero limitado de personas, no atienden el problema de raíz.

En ese sentido enumeró una lista de políticas que de ninguna manera son pensadas de acuerdo a las necesidades de los trabajadores: “Promover viviendas que salen 150 mil dólares un monoambiente, promover únicamente acceso a los préstamos para refacción, compra en planes de muchísimos años con cuotas altísimas, cuando la mayoría de los trabajadores de este país acceden y ganan un salario mínimo esos planes sin dudas que no están pensados para beneficiar y resolver el problema para los trabajadores”.

También indicó que la modalidad bajo la que se ha construido más viviendas es la del cooperativismo. Explicó que, si bien sin duda es importante promover este tipo de modelo y brindarles la ayuda necesaria a los cooperativistas, también es cierto que desde el Estado se da el préstamo a las familias trabajadoras y se espera que sean ellas las que realicen el trabajo de construcción de la vivienda. Esto es un problema, ya que la mayoría de las familias trabajadoras en el Uruguay no están en condiciones de dedicarse a tal labor, poniendo como ejemplo a una madre soltera jefa de hogar que tiene dos trabajos, es imposible pensar que tenga el tiempo necesario para dedicarse a construir su vivienda.

Es decir que si bien está muy bien fomentar el cooperativismo, es erróneo pensar que las cooperativas pueden ser la punta de lanza de una política estatal de vivienda, ya que esto no atiende la realidad de buena parte del pueblo trabajador.

El dirigente de izquierdo opinó sobre algunos problemas relacionados con la mal llamada Ley de Vivienda de Interés Social (luego denominada de Vivienda Promovida), con la que es bastante crítico. Sobre esta ley, explicó que “para poder construir bajo esta ley las empresas se iban a ver exoneradas con el 100% del IRPF y del IRAE, lo cual les permitía reducir muchísimos sus costos y por lo tanto vender en el marcado en teoría barato”.

Pero la realidad es que estas viviendas que se construyeron implicaron una pérdida para el Estado por no cobrar el IRPF, el IRAE y otros impuestos, que significó 1.170 millones de dólares. “Eso fue lo que el Estado no recaudó para que se construyan viviendas a las que ninguna familia trabajadora puede acceder, porque una apartamento de un dormitorio se estaba vendiendo en 150 mil dólares, y ninguna familia trabajadora puede llegar a ese monto y mucho menos para una vivienda de un solo dormitorio”.

Sobre las reformas planteadas esta semana por el Ministerio de Vivienda, dijo que están echas a medida para beneficiar a los especuladores. Una de las reformas en las que avanza el gobierno es la eliminación de los topes del precio de venta y de alquiler. Ahora se puede vender de acuerdo con el “precio de mercado”, el cual es decidido en la realidad por los intereses de los especuladores. Los especuladores también se benefician porque se mantienen las exoneraciones pero se eliminan requisitos para obtenerlas, lo cual aumentaría en gran medida el dinero que el Estado se pierde de recaudar, sin dar una solución real a la problemática de la vivienda. Salen ganando los especuladores inmobiliarios.

Esto es solo un episodio más de una triste realidad, de que cada gobierno que pasa toma medidas en materias de vivienda que no están dirigidas a atender las necesidades populares, sin importar el supuesto signo político de quien gobierne.

Pero que los partidos que han gobernado en estos últimos períodos no actúen de acuerdo con los intereses de nuestro pueblo, no quiere decir que no haya propuestas que vayan en este sentido. Un caso emblemático es el “Plan Nacional de Vivienda Popular”, que presentó la Unidad Popular en el período anterior.

En la coyuntura actual de una crisis sanitaria global con su consiguiente crisis económica, en la que ya empiezan a mermar severamente las fuentes de trabajo y por tanto también dificultando el acceso a la vivienda para miles de familias trabajadoras, la implementación de un proyecto de este tipo sería esencial. Así lo entiende Gonzalo Martínez: “¡Qué bien vendría hoy ver al Estado construyendo viviendas!, dando fuentes de empleo para los trabajadores en el MTOP de la División de Arquitectura, para las cooperativas de cada departamento, para los miles de trabajadores de la construcción desocupados. ¡Qué bien vendría para las familias trabajadoras acceder a una vivienda digna!, acorde a las circunstancias y a las necesidades, porque si queremos resolver esta crisis sanitaria vaya si será necesario tener una vivienda que garantice la higiene, la comodidad, la estabilidad, el lugar, el placer, la comodidad de estar en su hogar”.

El dirigente del 26 finalizó expresando claramente que el país necesita urgentemente la implementación de un Plan Nacional de Vivienda Popular. “Es necesario un Plan de Vivienda Popular tal como presentamos nosotros, que implique el involucramiento del Estado en la construcción directa de la vivienda sin especulación, y que otorgue viviendas de calidad de forma accesible para todos los trabajadores que en su mayoría estamos recibiendo salarios totalmente insuficientes y que en estas circunstancias pierde aún más su valor”.

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