Quedate en casa… pero si no tenés una, te dan prisión domiciliaria y te desalojan

Cientos de familias de Santa Catalina luchando por ejercer su derecho a la vivienda

Los vecinos ocupantes de predios en Santa Catalina se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva este lunes, y reiteraron la movilización el miércoles trasladándose posteriormente al Ministerio de Vivienda. Son más de 700 las familias las que se instalaron en el área, demostrando las grandes carencias en el acceso a la vivienda y al trabajo digno que hay en nuestro país.

La ocupación comenzó el 17 de enero y el pasado fin de semana el fiscal Diego Pérez solicitó el procesamiento con prisión domiciliaria de dos personas, tipificadas con el delito de usurpación y asociación para delinquir.

José Luis Vázquez, candidato a Alcalde del Municipio A por Unidad Popular, se mantiene en contacto constante con los ocupantes y afirma que las responsabilidades políticas se desprenden de un sistema mantenido por todos los gobiernos nacionales y departamentales.

José Luis Vázquez ha acompañado la lucha de los vecinos de Santa Catalina desde el inicio de la ocupación de tierras.

El viernes 17 de abril se reprodujo la detención de dos mujeres ocupantes de los predios de Santa Catalina, con un pedido fiscal de asociación para delinquir y usurpación de terrenos. Pero también están presentes una serie de delitos que tienen que ver con la tala indiscriminada de árboles, la quema de forestación en el terreno, y robo de energía eléctrica.

Lo que resulta extraño es que se les comunicó a las dos procesadas que van a tener 60 días de prisión preventiva domiciliaria, bajo el apercibimiento de que tienen siete días de esos 60 -que ya comenzaron a correr el pasado lunes-; para solicitarle al resto de los ocupantes, unas mil familias, que abandonen el predio bajo el apercibimiento de ser procesadas con prisión.

“En esta situación, la Fiscalía impuso una especie de trato, que en realidad fue una imposición. Las procesadas tienen 12 horas por día para salir de su domicilio y pueden ir al terreno a conversar con la gente para que abandone voluntariamente el terreno”, explicó José Luis Vázquez, militante del 26 de Marzo – Unidad Popular de la zona oeste de Montevideo.

A las calles

En la movilización de este lunes se veían carteles con consignas que reflejaban en pocas palabras las necesidades de las muchas familias metidas en esto, cantidad que demuestra grandes carencias en materia de vivienda. Pero los ocupantes de Santa Catalina esperan regularizarse, a sabiendas de que lo que piden es un derecho básico y constitucional.

“Me parece que es todo un despropósito, en primer lugar porque ellos lo tienen muy claro desde un principio. Cuando yo fui a hablar con ellos para hacerles una nota de prensa, cuando les hablé de la ocupación de tierras, ellos me dijeron que en realidad sí estaban ocupando, pero que no le llamaban una ocupación de tierras. Ellos le llamaban que estaban reclamando un derecho constitucional, un derecho que por ahora no había cumplido nadie. Ni la Intendencia de Montevideo, ni el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ellos ocuparon el 17 de enero, quiere decir que estaba en el gobierno nacional el Frente Amplio, y en el departamental también”, recordó Vázquez.

Hoy cambió el gobierno nacional, pero el gobierno departamental sigue siendo del FA. El candidato a Alcalde indicó que no queda muy claro de quiénes son los terrenos: “Dicen por algún lado que tiene 13 propietarios, uno de ellos es la Intendencia; después hay otros que son propietarios privados. Lo cierto es que yo tengo casi 60 años, y toda mi vida lo que vi en ese terreno fue una selva, totalmente descuidado”.

En la calle

José Luis Vázquez agregó que “La gente hoy, como el gobierno departamental y el gobierno nacional nunca hicieron ni un poquito de fuerza para otorgarles el derecho que tiene la gente a tener un techo o una vivienda digna, se cansó. Y la gente decidió, agobiados por la situación que tienen”.

Todos los que están ocupando son personas que no tienen techo, o en su mayoría que están viviendo hacinadas en una casa pequeña donde viven 14 o 15 personas. La mayoría vive en Santa Catalina, con sus padres o con sus suegros en una pequeña casa que tiene dos habitaciones, siendo más de una decena, incluyendo niños.

“Ellos lo que empezaron reclamando fue un terreno para construirse, no quieren que les regalen nada. Quieren pagarlo, comprarlo. Pero tienen una capacidad de compra muy por debajo de lo que está pidiendo cualquiera de los planes oficiales que hay para acceder a una vivienda.

La gente gana 10, 12, 15 mil pesos por mes, ¿cómo pueden hacer para pagar un plan de los oficiales? Es imposible”, sentenció Vázquez.

El militante sostuvo que por esto era tan importante el Plan Nacional de Vivienda Popular que había presentado el ex diputado Eduardo Rubio en el Parlamento, el cual fue aprobado en Diputados y modificado sin tapujos en el Senado: “La Unidad Popular había hecho un plan a la medida de esta gente, y nadie quiso llevarlo adelante”.

Al palo

José Luis Vázquez afirmó que hoy por hoy es una situación difícil la que hay en Santa Catalina. Las dos mujeres procesadas se encuentran muy angustiadas, cada vez más mientras se acerca el plazo de 7 días. Vázquez denunció que recibieron un maltrato en la Zona 4 de Policía. Siendo dos madres casi jefas de familias, con hijos a cargo, las mantuvieron incomunicadas los tres días que estuvieron presas. Tampoco les permitían ni siquiera tomar agua: “Yo vi fotografías de Gimena, por ejemplo, con manchas en las manos y en los brazos, que son signos muy claros de deshidratación. Ella salió de estar presa, empezó a tomar agua y se le fueron todas las manchas.

No les permitían cambiarse la ropa interior, iba la familia y les decían ‘por favor, pueden alcanzarles esta ropa interior’, y la policía no dejaba que se cambiaran. Es tremendo, incomunicadas y en esa situación.

Cuando las llevaban para interrogarlas, al mismo tiempo les llevaban la comida, entonces cuando ellas salían a declarar les sacaban la comida, como si no hubieran querido comer. ¿Qué situación era esa que se estaba viviendo allí?”.

En el interrogatorio la atención no se puso en la ocupación de tierras, sino que se quería saber qué tenían que ver con el contrabando que habían agarrado a pocas cuadras de sus casas, si estaban vinculadas: “Les preguntaban qué tenían que ver con el narcotráfico. Narcotraficante no hay ninguno ahí, los narcotraficantes están en otro lado. No les pueden llamar narcotraficantes a dos madres solteras, que lo que estaban peleando era por un techo”, subrayó Vázquez.

Montevideo, tu casa

En estos años no se han puesto en práctica políticas que den respuesta a la problemática del acceso a la vivienda, que se extiende por todo el país.

El candidato a Alcalde del Municipio A manifestó que sigue vigente la misma política económica desde la dictadura, aplicada por todos los gobiernos hasta la fecha, contando solamente con algún matiz por parte del FA en el asistencialismo social fundamentalmente.

“Durante el gobierno del FA se dio un proceso que nunca se había dado de la forma en la que se dio. El FA en el gobierno precarizó el empleo”, y agregó: “Un ejemplo de ello fue en la Intendencia de Montevideo, que ha venido realizando durante todo el período del FA en el gobierno departamental, -que empezó en el 90 y sigue-. Precarizó el trabajo a través de préstamos internacionales que fue adquiriendo. Hoy tiene un endeudamiento previsto de más de 200 millones de dólares, y tiene un déficit acumulado de 60 millones de dólares. Esos préstamos han sido fundamentalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que le pone condiciones a la IM que hacen que ceda terreno a los privados y pierda puestos de trabajo. De esta manera el gobierno departamental de Montevideo tenía casi 16.000 trabajadores, y hoy tiene 7.500. ¿Qué pasa? El trabajo se hace, pero lo hacen empresas privadas, porque el BID le da préstamos a cambio de que la Intendencia ceda tajadas del servicio que presta a privados u ONG.

La Intendencia paga lo mismo o más de que si tuviera trabajadores a cargo. Sin embargo las empresas, ONG, que cobran un servicio que prestan a la intendencia, a sus trabajadores les pagan 15 mil pesos. Precarizó el empleo y privatizó servicios”, reafirmó.

Hay con qué

Todo ese proceso también se vio en lo que tiene que ver con la vivienda. La gente no tiene acceso a la vivienda porque gana muy poco, la mayoría de los uruguayos, tres cuartas partes de la población económicamente activa del Uruguay, gana entre 15 y 20 mil pesos, y no pueden acceder a los planes sociales que hay para obtener una vivienda.

“La Unidad Popular está en contra de la precarización del trabajo, en contra de las privatizaciones como se ha hecho a nivel nacional y departamental, y las ha hecho el FA. Y nosotros desde el Municipio hemos visto que el pretexto más grande que ponen desde el oficialismo es que no hay dinero, cuando el dinero sobra.

¿Cómo acceder a dinero para atender las necesidades de la gente?”, expresó Vázquez.

Un ejemplo es el proyecto del Tren Central para UPM, que tendrá un costo de alrededor de 3,5 mil millones de dólares, sumado a las zonas francas que otorga en el Puerto de Montevideo y a orillas del Río Negro.

“¿Cuánto podemos decir que vale cada zona franca? Seamos generosos, 3 mil millones de dólares cada una.

¿Cuánto vale un río como el río Negro? Porque se lo regalaron”, dijo el militante, y subrayó que el FA hizo la inversión pública más grande de la historia del Uruguay, pero no la hizo ni para la salud, ni para la educación, ni para la vivienda; sino que fue para una multinacional.

Ahora este gobierno tuvo la oportunidad de suspender las obras de UPM, porque había una cláusula del contrato que decía que en caso de una pandemia, se podía ejecutar una suspensión, pero no se hizo. Vázquez dijo que esto es porque hay una coincidencia entre el gobierno que salió y el gobierno que entró, que es el beneficio a las multinacionales, al sistema financiero, a los poderosos: “Y cuando hay una crisis, que la paguen los trabajadores”.

“La UP propone tocar las reservas, y no las quieren tocar. Gravar el capital, y no quieren; propone suspender las obras de UPM, y no lo quieren aplicar. Propone una cantidad de cosas que no quieren aceptar.

El Uruguay precisa de la Unidad Popular, falta que la gente se de cuenta que la herramienta es la Unidad Popular. Solo la UP tiene las propuestas que nadie en el sistema político quiere aplicar. Es la única fuerza política que está contra este sistema”, sostuvo José Luis Vázquez.

Por más que su fecha fue aplazada, las elecciones departamentales tendrán lugar próximamente. Vázquez afirmó que hay mucho desde donde aportar con presencia en el gobierno departamental y municipal: “Nosotros con la UP venimos de un revés electoral, pero con eso igual nosotros nos presentamos a las elecciones municipales, porque queremos tener representantes, crecer, ganar espacios y ganar consciencia en la población uruguaya para que nos acompañe. Esa será una forma de hacer crecer nuestra alternativa de izquierda a nivel ya sea de Montevideo o de cualquiera de los departamentos del país”.

“¡No nos condenen por ser pobres!”

En la movilización del lunes estuvo presente la Juventud, y contó con la cobertura de los principales medios masivos de radio, televisión y prensa escrita, así como medios alternativos y el respaldo de sindicatos y organizaciones sociales.

Allí se entregó una nota dirigida al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y se leyó la siguiente proclama, que haciendo uso de su derecho a manifestarse, decidieron salir a la opinión pública a “contar nuestra verdad”:

“Se formó en un barrio donde actualmente viven aproximadamente mil familias, siendo tal ocupación espontánea iniciada a principios de enero por 30 familias.

El predio estaba desocupado hace 50 años, siendo una tierra sin vida.

Dos mujeres madres y amas de casa fueron procesadas, y coaccionadas por el Fiscal Diego Pérez a exhortar a las casi mil familias a desocupar dicho predio.

Estas familias no cuentan con una solución habitacional.

Aquí viven mujeres víctimas de violencia, algunas se encontraban en refugios del MIDES, jóvenes rehabilitados provenientes de ONGs, personas de nacionalidad extranjera, madres y padres jefes de hogar, militares, policías, pescadores, etc.

¿Qué pasó con la campaña “Quedate en casa”? Si el Fiscal no mal recuerda, se exhortó a la población a realizar una cuarentena debido a la pandemia que se transita a nivel mundial.

“Esta cuna de delincuentes” como se menciona y se maldice, cuenta en tan solo cuatro meses con agua potable regular y obras de OSE que aún continúan, con un merendero en funcionamiento gracias a donaciones de varios sindicatos, organizaciones y trabajo voluntario de los propios vecinos. También llegan donaciones para cumplir una campaña de abrigo.

Estamos haciendo escuchar nuestras voces como un barrio en formación. No pedimos que nos regalen nada, solo que nos brinden la oportunidad de solucionar nuestros problemas habitacionales y la de nuestros niños. ¡No nos condenen por ser pobres!”.

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