18 medidas para que el pueblo trabajador pueda sortear la crisis (documento completo)

Nueva central sindical presentó documento al ministro de Trabajo Pablo Mieres, al tiempo que intenta romper el cerco progresista: Las máximas jerarquías de la Dirección Nacional de Trabajo se comprometieron ante una delegación del Ejecutivo de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay a respetar la ley de libertades sindicales, lo que abre un nuevo campo de lucha a la nueva central en la defensa de los intereses de la clase trabajadora. “Salimos con una grata impresión pero esperemos que no se quede en palabras; lo que nosotros queremos son respuestas y hechos”, afirmó Alejandro Ferro.

(De izquierda a derecha) Rafael Barreto, Rocío Silvera, Damián Ortiz y Alejandro Ferro, representantes del Ejecutivo de la CSGU tras reunirse con autoridades del Ministerio de Trabajo y Serguridad Social.

A pesar del anuncio que el pasado lunes 13 de abril el ministro de Trabajo Pablo Mieres recibiría a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, finalmente fue el Dr. Federico Daverede y la abogada y escribana Elena Grauert, director y subdirectora nacional de Trabajo, respectivamente, quienes encabezaron la reunión con una delegación de la CSGU en la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La comitiva de la nueva central estuvo integrada por Damián Ortiz (Sindicato de Trabajadores Postales –STP), Rocío Silvera (Sindicato de Enfermería Unida del Uruguay –SUEUU y Sindicato de Trabajadores de la Salud -SITRAS), Rafael Barreto (Sindicato de Trabajadores del Transporte –STT) y Alejandro Ferro (Mesa Departamental del Comercio y Servicios de San José).

En un conciso y ordenado informe, los sindicalistas reflejaron el creciente trabajo de la CSGU, sus reivindicaciones y los problemas concretos que se han registrado en sus lugares de trabajo y con la anterior administración de la cartera a lo largo de sus 5 años de existencia, principalmente por una incorrecta aplicación de la ley de libertades sindicales que se respetaba para los sindicatos amparados a la central oficialista pero no era garantizada para los nucleados en esta nueva organización.

En declaraciones para la Juventud, Damián Ortiz y Alejandro Ferro valoraron positivamente la respuesta de Daverede y Grauert, quienes aseguraron que su gestión, sin tomar partido ni por patronales ni por sindicato, ni por una u otra central, se apegará estrictamente a lo establecido en la ley, lo que garantizaría una serie de libertades básicas para desarrollar el trabajo gremial en donde está presente la CSGU.

Asimismo fueron trasladados planteos concretos de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay –COJUPE respecto a la anunciada reforma de la seguridad social, y de los cuatro sindicatos vinculados a la salud (funcionarios, enfermeros, acompañantes y tercerizados de ambulancias) ante la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19.

Rocío Silvera afirmó en declaraciones a la Juventud que los máximos jerarcas de Dinatra tomaron nota de cada uno de los planteos, e incluso particular atención a los números de expedientes por denuncias de represión a los delegados sindicales de CSGU que estaban estancados en la Inspección General del Trabajo.

En ese mismo sentido Rafael Barreto, trabajador de CUTCSA, relató cómo hasta ahora desde la IGT se les había negado directamente la posibilidad de realizar inspecciones para constatar las denuncias en el sector de transporte.

Desde la CSGU también se fundamentó la posibilidad de participar en la negociación colectiva, hasta ahora un privilegio reservado por las anteriores autoridades para el PitCnt, alcance que los nuevos jerarcas se comprometieron a estudiar.

Si bien no se fijó una nueva fecha de reunión, desde la Dirección Nacional de Trabajo se solicitó contactos de los representantes del Ejecutivo de “la Confederación”, para realizar una devolución a los planteos. Los delegados que participaron del encuentro, esperan que se pueda mantener el diálogo con la oficina del MTSS.

No obstante, los representantes del gobierno consultaron acerca de la tramitación de la personería jurídica de la nueva central sindical, de acuerdo con la sugerencia de la OIT que materializó el ex ministro Murro al enviar al Parlamento un proyecto modificando la ley de negociación colectiva. Una clara señal del posicionamiento que tendrá la nueva administración en consonancia con el paso dado por el progresismo.

Finalmente, la CSGU presentó un documento dirigido al ministro Dr. Pablo Mieres, donde contextualizan la situación actual de la clase trabajadora y una batería de medidas para atender sus necesidades en el marco de la pandemia del Coronavirus y la crisis socio económica que genera en nuestra sociedad, así como de dónde obtener los recursos para implementarlas.

Daniel Machado, presidente del Sindicato de Trabajadores Postales (STP-CSGU) con el documento dirigido al ministro Pablo Mieres que entregarían minutos más tarde.

13 de abril de 2020

Señor Ministro Dr. Pablo Mieres

De nuestra consideración:

La gravedad de la situación actual y las perspectivas de nuestro país, nos llevan a acercarle algunas propuestas, que entendemos necesarias y de urgente aplicación.

La emergencia social y sanitaria de hace una veintena de días, hoy se ha transformado en una crisis social. Dicha crisis la están soportando la mayoría de los trabajadores entre los cuales más de 130 mil se encuentran en el seguro de paro (cifra que crece día a día), otros 100 mil están en el seguro por enfermedad y más de 300 mil trabajadores trabajan en negro. Consideramos que estas cifras seguirán creciendo, prueba de ello es que la OIT cambió la proyección que tenía con respecto a la cantidad de desocupados que generaría la pandemia del Corona Virus la cual pasó de un máximo de 25 millones a 200 millones de desocupados.

El modelo económico social vigente funciona en defensa de las clases dominantes y en su provecho. En estas circunstancias traslada los costos de la crisis al pueblo trabajador, por lo que no es difícil imaginarse “el día después” y los siguientes meses y años. La pandemia desnuda la realidad que está padeciendo nuestro país a nivel laboral y económico, principalmente los trabajadores.

En el Uruguay hoy, casi 1 millón de trabajadores recibimos un salario del orden de los $20.000, monto insuficiente para satisfacer las necesidades de una canasta familiar que ronda los $85.000. Existen más de 160 mil trabajadores desocupados y 300 mil se encuentran en relaciones laborales informales. Cientos de miles de trabajadores se encuentran precarizados. A ello hay que sumarle la compleja situación de las 800.000 personas que reciben algunos de los planes de asistencia social.

La pandemia acelera y agrava la recesión y empuja la crisis internacional; desde la OCDE al BID, del BCE al FMI, de la OIT a la OMC, todos los organismos internacionales y regionales coinciden en pronosticar “una crisis histórica de la dimensión de la del 1929”. (FMI dixit en Abril 2020). El Banco Mundial plantea un decrecimiento del PBI para América Latina del 2,6% y para Uruguay el 2,7%.

Incluso desde los templos neoliberales se reclama enérgicamente la intervención del Estado, la inversión pública, sostener al conjunto de la población trabajadora y subvencionar a las empresas pequeñas y medianas que aseguran más del 85% del empleo y buena parte del abastecimiento del mercado interno.

"Los gobiernos deben aceptar un rol más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como una inversión y no como un lastre, y buscar modos para que el mercado del trabajo no sea tan inseguro. La redistribución (de la riqueza) debe volver a estar en la agenda; los privilegios de los ricos deben ser cuestionados. Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas, como el salario mínimo y los impuestos a la riqueza, deben estar en el programa". (Financial Times, en su editorial de esta semana).

El reclamo de solidaridad y responsabilidad social que hace el gobierno para enfrentar la coyuntura nos parece acertado. Por eso creemos imprescindible llevarlo del enunciado a la realidad de manera urgente, asumiendo la responsabilidad histórica de evitar un verdadero holocausto social. Esa es -a nuestro entender- la amenaza real y el desenlace inevitable de no actuar a tiempo; por lo que afirmamos que además de atender a los sectores llamados “vulnerables”, es necesario dar respuestas a la situación de más de un millón de uruguayos que ya están pagando la crisis social y económica con desocupación, seguro de paro, salarios e ingresos en caída libre.

Para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social; para evitar un verdadero desastre social es imprescindible tomar medidas enérgicas e inmediatas, a saber:

1- Asegurar ingresos de media canasta (45 mil pesos) a los hogares de tres personas e ingreso mínimo por trabajador de 25 mil pesos y 5 mil pesos por niño.

2- Asegurar el seguro de paro equivalente al 100% del salario por 6 meses a todos los que ya se encuentran amparados en dicho beneficio, así como a los que se incorporen bajo estas circunstancias.

3- Congelamiento de precios de todos los productos y servicios necesarios para mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador (en materia de salud, alimentación, educación, vivienda y transporte).

4- Subvencionar a la micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad y el campo (bajo condición de mantener el empleo y el salario de sus trabajadores) suprimiendo impuestos, deudas con el Estado y el sistema financiero; rebaja de tarifas públicas; préstamos blandos; asegurándoles las compras estatales y públicas.

5- Atender prioritariamente la defensa de la soberanía alimentaria. Para ello proteger, subvencionar y salvar a los chacreros y la producción familiar que van siendo liquidadas por el agronegocio, a los tamberos pequeños que van cerrando, a los productores de miel que pierden sus colmenas por la acción de los agrotóxicos, etc.

6- Derogación por ley de todas las tercerizaciones, el sistema de subcontratación y uberización laboral. Pasando a plantilla permanente a los trabajadores subcontratados en las mismas condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la empresa principal, donde prime el criterio de: a igual trabajo igual salario para todos los trabajadores (mujeres y jóvenes incluidos). El objetivo de una ley a favor de los trabajadores es barrer con la desigualdad salarial ante la misma tarea, responsabilizando integralmente a la empresa principal de los salarios, las condiciones de seguridad y laborales del trabajador.

7- Teniendo en cuenta la heroica demostración de compromiso de los trabajadores de la salud y evidenciando su importancia en la sociedad, creemos que es el momento de respaldar su papel de hoy y siempre concretando las reivindicaciones de salarios, condiciones de trabajo y formación largamente reclamadas por los trabajadores de la salud.

8- A la vez que: eliminar por ley todas las tercerizaciones en la salud privada y pública, regularizando el sector de acompañantes, transporte en ambulancias y todos los sectores tercerizados e incluirlos dentro del sector de la salud en las mismas condiciones de trabajo y salariales que los funcionarios de dicho sector.

9- Corregir la situación actual de manera urgente, garantizando todos los medios de protección para todo el personal sanitario (público y privado), de limpieza y mantenimiento hospitalario, para que el conjunto pueda trabajar con seguridad y eficacia. A su vez dotar de elementos de protección adecuados a los trabajadores que hacen trabajos esenciales para la comunidad y que permitan asegurar su salud.

10- Anular de inmediato el envío a seguro de paro a los más de mil trabajadores de la salud enviados por los prestadores privados. En plena lucha contra el virus es inaceptable que se corte la actividad de trabajadores de la salud, no importando la función que cumplan en los lugares de trabajo. Mucho más si afectan donde se realizan tareas de prevención y combate a la pandemia. En los casos que por tema de enfermedad o precaución se deba mandar trabajadores para la casa, esos puestos se deben cubrir con otro trabajador con un contrato mínimo de 1 año.

11- Tomar medidas que garanticen los 24 jornales a todos los trabajadores jornaleros sin importar a qué actividad o rama pertenezcan.

12- Prohibir los despidos de ahora hasta 6 meses de terminada la pandemia, en el entendido que muchas empresas pueden utilizar la pandemia como excusas para reestructuras, rebajas salariales u otro tipo de acciones que perjudiquen a los trabajadores.

13- Concretar un plan de construcción de vivienda popular para responder a las necesidades sociales en la materia, financiado por inversión pública. Eliminar políticas de beneficio fiscal que han sido utilizadas por las grandes constructoras para la especulación inmobiliaria y aumentar sus ganancias.

14- Fortalecimiento inmediato de la Seguridad social y el BPS; lo que implica:

1ro: Eliminar la reforma de la Seguridad Social de la Ley de Urgente Consideración.

2do: Renunciar a cualquier cambio por cualquier vía con respecto a aumentar la edad de retiro, los años de trabajo o rebajar la tasa de reemplazo.

3ro: Derogar las AFAP y reintegrar al BPS los fondos de aportes de los trabajadores.

4to: Aumento inmediato de las jubilaciones y pensiones mínimas a 30 mil pesos (en camino a asegurar la media canasta).

5to: Reinstalar el aguinaldo para todos los jubilados y pasivos.

15- Control y congelación de precios al 1° de marzo para la canasta de 83 productos básicos (en alimentación e higiene).

16- Exoneración de contribución inmobiliaria y patente de rodado para los trabajadores.

17- Anulación del Contrato con UPM2, debido a la situación excepcional que sufre el país y por el enorme perjuicio económico, social y ambiental que provocará su mantenimiento.

18- Rechazamos todas las medidas de ajuste, en particular el nuevo impuesto a salarios y jubilaciones de trabajadores públicos destinados al “fondo del coronavirus”; el aumento de precios y en particular el de las tarifas públicas. Instamos al gobierno a recapacitar en su aplicación y a utilizar las medidas propuestas para auxiliar a los trabajadores y al pueblo que sufre en primera línea las consecuencias de esta crisis social y sanitaria.

¿Cómo financiar estas medidas urgentes?

Proponemos una serie de medidas que permitirían obtener los fondos para financiar las más amplias, urgentes y efectivas medidas de carácter social y económico.

1- Terminar con la subvenciones al gran capital (que suman aproximadamente 2 mil millones de dólares por año).

2- Liquidar las AFAP (que lucran con 15 mil millones de dólares de aportes de los trabajadores).

3-Moratoria e investigación total de la deuda pública (con la banca internacional, con los organismos internacionales de crédito, con las AFAP y otros) cuyos intereses promedian los 1.800 millones de dólares por año.

4- Retomar el Impuesto a la Actividad Bancaria (IMABA) y eliminar el carácter obligatorio de la ley Inclusión Financiera para trabajadores y jubilados.

5- Utilizar una parte de las reservas internacionales para obras públicas que generen fuente de empleo y mayores servicios a la sociedad.

6- Repatriar el máximo de los capitales de residentes invertidos y/o depositados en el extranjero. Hay más de 20 mil millones de dólares en el exterior que no pagan ningún tipo de tributación ni generan algún beneficio para nuestro país.

Algunos ejemplos de fuentes de recursos ante la necesidad impostergable de volcarlos a financiar las necesidades sociales de la inmensa mayoría de la población.

La empresa UPM maneja 258 mil hectáreas y gestiona 125 mil a través de su empresa Forestal Oriental, Montes del Plata 251 mil y 60 mil hectáreas a través de Eufores.

En 2018 la ganancia de UPM fue 387 millones de dólares, lo que equivale a 1 millón de dólares por día de ganancia neta. Y en el caso de Montes del Plata la ganancia fue de 277 millones.

Dichas empresas están en un régimen de zona franca (lo que implica que están exoneradas de todos los impuestos nacionales). Se calcula entonces que UPM, en 2018, fue exonerada de 96 millones de dólares, y Montes del Plata de 58 millones, solo de IRAE.

Lo que significa que las dos empresas fueron exoneradas (en 2018) de medio millón de dólares por día, solo de IRAE. Y a esto, habría que sumarle el impuesto al patrimonio, el IVA y todos los impuestos de los que están exoneradas.

Algunas exoneraciones anuales al capital que se deben suprimir:

1- Impuesto al Patrimonio: 666.930.000 usd.

2- IRAE (impuestos a las ganancias): 859.530.000 usd.

3- IMESI (impuesto a las importaciones y a las transacciones inmobiliarias): 44.800.000 usd.

4- IRPF patronal: 283.290.000 usd.

Es necesario eliminar otras exoneraciones a la educación privada, a los grandes clubes deportivos (tanto del aporte patronal como de la contribución inmobiliaria y patentes de rodados), empresas privadas, ONGs e iglesias. Es fundamental eliminar las exoneraciones de los aportes patronales al BPS, las exoneraciones municipales, etc.

Los grandes dueños de la tierra y el agronegocio.

Los grandes capitales instalados en la actividad agropecuaria tienen grandes ganancias y pagan pocos impuestos.

El nivel de actividad, el precio de la tierra y los arrendamientos no se encuentran en su nivel máximo pero tampoco presentan una tendencia a la baja. Los mejores resultados se aprecian en la ganadería y la forestación. El precio por hectárea vendida alcanzó su nivel máximo en 2014 con 3.924 dólares, los precios fluctuaron durante los años siguientes y se ubicaron en 3.342 dólares por hectárea en 2019 (MGAP – DIEA 2020). Si se toma esta cifra para estimar la riqueza patrimonial de los dueños de la tierra tendrían un total superior a los 53.000 millones de dólares.

Aumentaron las exportaciones de soja, de ganado en pie y de arroz. Los precios de los principales productos de exportación aumentaron en los últimos meses, siendo los mayores aumentos los del arroz, la soja y los lácteos en ese orden. (Uruguay XXI 2020). Con relación al promedio de 2018 en los primeros meses de 2019 el precio de la carne bovina aumentó 23% y el del arroz 37% (Búsqueda, 02/04/20).

La presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la contribución patronal a la seguridad Social / PIB sectorial) se mantendrá en valores muy similares a 2018, la recaudación pasaría de 261 a 256 millones de dólares y la presión fiscal baja de 7,8 a 7,7% del PIB agropecuario (Tambler, A. y Barboza, N. 2020).

Los dólares que reciben los terratenientes, los capitalistas y los exportadores de productos agropecuarios aumentaron aceleradamente su poder de compra en pesos por la devaluación. El aumento de los precios internacionales, más el aumento del dólar y la devaluación del peso, mejoraron el poder de compra de sus ingresos en el mercado interno.

En síntesis, el agro tiene un buen nivel de actividad y de exportaciones, los precios de la hectárea y del arrendamiento de la tierra están altos, la riqueza de los dueños de la tierra supera los 53.000 millones de dólares.

Conclusión:

Tal como se expresó al inicio del presente documento, estamos viendo como mediante la política económica general y las diversas medidas adoptadas en estas circunstancias, los costos de la crisis se trasladan al pueblo trabajador.

Consideramos que la mayor cantidad de recursos del Estado (como los que hemos planteado en esta nota) deben de estar volcados principalmente para combatir la desocupación, la exclusión social y la pandemia generada por el Corona Virus.

Ante ello pretendemos que se consideren las medidas económicas alternativas que hemos presentado, las cuales tienen naturaleza en la concepción de un mundo solidario, donde la producción y la distribución de los resultados sean justa y equitativa.

No podemos permitir que se sigan reproduciendo las actuales relaciones de producción, los trabajadores tenemos un rol fundamental en la vida económica de la sociedad y no podemos ser la variable de ajuste a utilizar cuando la crisis golpea al país.

El gran capital local y extranjero se ha beneficiado en las últimas décadas, de todo tipo de privilegios y de tener carta blanca para la explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de nuestro país.

Es hora de terminar con esos privilegios, cambiar las reglas de juego y que el gran capital pague para responder a las urgentes necesidades del conjunto social. Es hora de priorizar la vida y dedicar toda la asistencia en frenar la exclusión social, la desocupación, la precariedad laboral, el empobrecimiento social y la emergencia sanitaria.

Siendo conscientes que es la lucha la que define, pretendemos que la actuación del gobierno contemple los reclamos del pueblo trabajador para comenzar un proceso de superación de las distintas necesidades que sufrimos.

Si los esfuerzos se dirigen en esa dirección los trabajadores asumiremos nuestras responsabilidades, a partir de la solidaridad de clase que es guía permanente de nuestra practica social.

Saluda atte.

Por el Secretariado Ejecutivo de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay

Damián Ortiz - STP

Daniel Dodelson - STS

Laura Gularte - Sueeu/Sitras

José Borges - CoJuPe

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