Vecinos acusan que la Corte Electoral se extralimitó en sus competencias

A partir de que la Corte Electoral emitió una sentencia mediante la cual declara “improcedentes” las iniciativas locales que habilitarían que los trenes que llevarían cargas peligrosas a la planta de UPM no circulen por las zonas urbanas de nuestros centros poblados, en un comunicado de prensa emitido el viernes los colectivos que recolectaron firmas para modificar el trazado de las vías para el Tren de UPM en sus localidades reivindican su “derecho a decidir nuestro futuro”.

Los “miles de vecinos y vecinas” que reivindican su “derecho a decidir sobre los destinos de nuestros hogares y nuestras vidas cercanas a la vía”, puntualizan que “este tren diseñado por UPM fue cuestionado por las Intendencias de Montevideo y Canelones, por técnicos reconocidos en la materia, por la Sociedad de Arquitectos, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por miles de ciudadanos y ciudadanas”. Agregan que han “aportado alternativas” y ven “con horror cómo se le deja a la multinacional UPM decidir sobre nuestro futuro”.

Acusan que “esta decisión de la Corte Electoral, con la anuencia de los representantes de los tres partidos políticos en su seno es lo que es improcedente”, entendiendo que “los gobiernos departamentales tienen derecho absoluto a decidir sobre su territorio, incluso el trazado de las vías de tránsito de todo tipo y para ello tanto la Constitución como las leyes nos amparan”.

En otro pasaje manifiestan: “No podemos permitir que un tren de carga con productos químicos peligrosos pase por centros poblados de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno incumpliendo las normas de seguridad que rigen para dicho transporte”.

Sólo a modo de ejemplo, comentan que “por un descarrilamiento en Estados Unidos en setiembre de 2019 de un tren cargado con un solvente de los que transportará el tren de UPM, se debieron evacuar casas y escuelas ya que los productos provocaron un incendio químico”, y “la calidad del aire se vio afectada hasta 8 kilómetros del siniestro”.

Consideran que “si el país ha de embarcarse en gastar miles de millones de dólares para hacer una vía de tren, la misma no debe construirse afectando los derechos a la salud y la vida de los uruguayos. Llevar las vías de los trenes de carga fuera de las áreas urbanas sirva además para mantener la trama urbana y la vida social que si no se cambia el proyecto serán divididas por el tren de UPM”.

Los vecinos y vecinas de todos los departamentos que serán afectados por este tren reiteran su “firme propósito de luchar para que los gobiernos departamentales y el gobierno nacional cumplan con el deber de proteger a los y las ciudadanas de este país por encima de los intereses de una empresa extranjera”.