Sin mayores sorpresas Ley de urgencia: peor de lo mismo

Aunque el gobierno electo asegura que sufrirá modificaciones en el correr del próximo mes, se claro que las 10 secciones del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración y sus capítulos se refieren en general a las principales preocupaciones expresadas por la opinión pública, las organizaciones sociales y los espacios corporativos y de poder, así como los principales partidos políticos durante la campaña electoral.

Naturalmente no sorprende que se exprese una visión de derecha de los mismos, y producto de la amplia alianza de derechas para llegar al gobierno, en muchos aspectos tenga una expresión liberal o neoliberal y en otros más autoritaria y represiva. Es natural también que con un cambio de gobierno se identifique a grandes rasgos numerosos cambios respecto al marco legal que rigió los últimos tres gobiernos, de eso se trata esta ley de urgencia; no obstante tampoco sorprende la inmensa continuidad entre uno y otro, advirtiéndose la profundización de una línea impulsada ya sea por las políticas que efectivamente aplicó el Frente Amplio, o que allanó el terreno y la coalición multicolor abordará. Esto no hace más que confirmar lo que hemos expresado a lo largo de la campaña electoral y en lo que va de la transición de gobierno: lo que se viene será más y peor de lo mismo. Muchos de los artículos ya han sido destacados por la prensa de distintos pelos; la Juventud abordará estos y otros con serenidad, profundidad y firmeza en las próximas ediciones a través de notas, artículos, columnas y entrevistas. Fácilmente se advierte cambios en la educación que formaban parte de la hoja de ruta de connotados dirigentes frenteamplistas entre los que se encontraba -por ejemplo- Filgueira; la reafirmación de la disolución con las fuerzas públicas a los cortes de calle que decretó Vázquez en 2017, igual que el desalojo de ocupaciones y la represión a manifestaciones como ya ocurrió en el Liceo 70, en el Codicen o en manifestaciones contra UPM, el aumento a las penas a la menoridad infractora como se hizo todos estos años, o la detención arbitraria “a sospechosos” para su identificación como viene haciendo la Guardia Republicana, todas posibles gracias al fortalecimiento presupuestal y tecnológico del aparato represivo; o la desmonopolización de los combustibles como impulsó la presidenta de Ancap M. Jara. En temas como la vivienda, igual que en el actual gobierno se reconoce la emergencia habitacional, pero no se establece dentro de casi 460 artículos un Plan Nacional de Vivienda que asigne al Estado un rol activo y protagónico en la construcción de viviendas para los sectores eternamente postergados.

Ley de Urgente Consideración

Bajo el rótulo “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, el gobierno electo decidió hacer público este miércoles un borrador, formalmente presentado como “anteproyecto” de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que durante la campaña y aún antes, desde esas tiendas manifestaron el propósito de recurrir a dicho mecanismo para poner en práctica rápidamente las medidas necesarias que estiman convenientes implementar al inicio de la nueva gestión. En su presentación, manifiestan la pretensión de “ser parte de un gobierno en contacto cotidiano con los ciudadanos y, por eso, daremos a conocer las medidas y los procesos que su gobierno va a llevar adelante”. El mismo fue redactado por el Dr. Rodrigo Ferrés (futuro prosecretario de la Presidencia) en base al documento “Compromiso por el país”, acuerdo firmado por los cinco partidos políticos de la coalición multicolor en las semanas previas al balotaje que le dio finalmente el triunfo electoral. No obstante, al tiempo de hacerse público fue remitido a los partidos aliados, desde donde consideran que “seguramente surjan modificaciones” al igual que “también de las iniciativas de otros partidos políticos y organizaciones sociales”. En ese sentido, expresan que “Todas las propuestas que se manifiesten con la intención de enriquecer y mejorar este instrumento van a ser bienvenidas y valoradas”. El documento de 257 páginas que contiene inicialmente 457 Artículos, se divide en 10 secciones divididas a su vez en capítulos. La primera sección vinculada a la seguridad pública, incluye artículos englobados en capítulos de normas penales, normas sobre proceso penal, legislación profesional policial, normas sobre estupefacientes, normas sobre menores privados de libertad, normas sobre gestión de la privación de libertad, normas sobre prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos y en otros espectáculos de carácter masivo, normas sobre protección de la soberanía en el espacio aéreo, Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, y disposiciones varias. La segunda sección se refiere a la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado; y la tercera titulada Educación, está enteramente dedicada a la Educación Pública. La cuarta sección, dedicada a la economía y empresas públicas, contiene artículos referidos a Regla Fiscal, Libertad Financiera, Promoción de las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas, Desmonopolización de Actividades en el Sector de Hidrocarburos, Modificación del Régimen Jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), Modificación del Régimen Jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Del control de las Sociedades Anónimas de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Industrial y Comercial del Estado, y a la transparencia en la información de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Industrial y Comercial del Estado y Sociedades Comerciales vinculadas. La quinta sección, denominada eficiencia del Estado, incorpora artículos que van desde la creación de Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, contratación Administrativa, creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, fortalecimiento del Servicio Civil de la República, pasando por normas sobre reclutamiento selección traslado y redistribución de funcionarios, adecuación Organizativa en la Administración Central, justicia Administrativa, hasta la eficiencia administrativa en el sector portuario, hasta el sistema de participación público privada y concesiones. La sexta sección se enfoca en el sector agropecuario. Los artículos se clasifican dentro de capítulos que apuntan al Instituto Nacional de Colonización, al fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes, a la titularidad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, modificaciones al Código Rural, la creación del Instituto Nacional de la Granja, la creación del Instituto Nacional de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. La séptima sección aborda las relaciones laborales y seguridad social en artículos específicamente referidos al ejercicio del derecho de huelga, a una Comisión de Expertos de la Seguridad Social y adecuaciones al sistema que administra el Banco de Previsión Social, la compatibilidad de jubilación y empleo, y la elección de los Directores Sociales del Banco de Previsión Social. La octava sección es desarrollo social y salud. La misma se divide en el nuevo escenario para el desarrollo de las políticas sociales a la población, las mejoras al Régimen de Adopciones, la creación de la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas, los efectos del Registro en la Historia Clínica del Paciente, la promoción y regulación de la Telemedicina, y los recursos para financiar los tratamientos de alto costo. La novena sección establece la normativa sobre la emergencia en vivienda, y sus artículos se limitan al fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, al régimen de arrendamiento sin garantía, y a la ampliación del ámbito de actuación de MEVIR. La décima y última sección se refiere a otras disposiciones, referidas a la protección a la libre circulación, la Portabilidad Numérica, y la adecuación de regularidad constitucional de la Ley de Medios.