Presidencia decretó Plan Nacional de Saneamiento 57% de los uruguayos no tiene acceso a red de sanea

Hace 10 años Vázquez se planteó un plan nacional de saneamiento, que finalmente lanza por decreto antes de dejar el gobierno. Actualmente solo el 43% de la población cuenta con acceso a redes y tratamiento adecuado. La mejor relación entre población total y habitantes que tienen acceso a la red general está en Montevideo, con el 85% conectados; mientras los peores índices están en Canelones, donde el 85% de los vecinos no están conectados. El documento reconoce el aumento de los asentamientos irregulares, aunque no maneja cuántos uruguayos viven en estas condiciones que entre tantas dificultades, la falta de saneamiento en los terrenos es un denominador común.

A diciembre de 2018 unas 26 mil personas en todo el país carecían de cobertura de cualquier tipo de saneamiento. De todas formas solo el 43% de la población total contaba con acceso a redes y tratamiento adecuado. En setiembre de 2019 el presidente de OSE Milton Machado destacaba que el acceso al agua potable y al saneamiento en Uruguay son derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Según divulgaba el sitio web de Presidencia, el jerarca aseguró que el porcentaje de saneamiento por alcantarillado público en el país alcanza el 60% y sumado al saneamiento estanco (pozos negros) supera el 95 %. “La gente en Uruguay cree que tiene saneamiento solo si se conecta al alcantarillado público, pero los otros sistemas también son válidos”, agregó.

Vázquez, el agua y el fin de los mandatos

El 23 de diciembre de 2019 el presidente Tabaré Vázquez presentó un documento con el estado de situación de la cuenca del río Santa Lucía y un plan para la instalación de una represa en el arroyo Casupá y una planta de tratamiento de lodo, así como un proyecto de ley que permite su financiamiento por Rentas Generales. En tanto el 28 de octubre de 2009, en los últimos meses de su primer período de gobierno, se promulgaba la ley sobre Política Nacional e Aguas (18610). En su artículo 16 se preveía un Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, que debería elaborar un “plan nacional de agua potable y saneamiento integral”, definiendo los lineamientos generales y los mecanismos e instrumentos para su concreción y seguimiento. Diez años después, en los últimos meses del segundo gobierno de Vázquez y a través de un decreto, el plan fue finalmente aprobado. Se trata, según remarca el texto que lleva la firma del mandatario, del “primer instrumento de planificación” que aborda el acceso al saneamiento en todo el país, y será el “rector” de las definiciones a seguir de aquí al 2030. El documento, de 98 páginas, incluye un largo racconto de la historia del saneamiento en el Uruguay, desde sus primeros pasos en 1874. También los deberes, derechos y garantías de la población al respecto, y el complejo entramado de responsabilidades y potestades de los distintos organismos públicos involucrados en el tema. También apunta a los “desafíos” a enfrentar para lograr el objetivo de una solución en cuanto a la provisión de saneamiento y drenaje asequible y confiable. Sobre todo, la creciente concentración de población en las zonas urbanas más densamente pobladas. Se calcula que, para 2030, el censo sumará 130 mil nuevos habitantes. Las metas planteadas para ese entonces giran en torno a que esas poblaciones tengan saneamiento adecuado mediante redes colectivas. Las que vivan en zonas de mediana densidad deberán tener acceso adecuado al saneamiento mediante depósitos de efluentes con extracción periódica a través de barométricas. El resto de la población, que viva en zonas dispersas, deberá hacerlo con tratamiento y disposición en sitio, admitiéndose la infiltración para la disposición final en suelo urbano. En cuanto a los asentamientos irregulares, el documento reconoce que pasaron de 589 a 607 en todo el país desde 2011 hasta ahora, sin que se pueda cuantificar el número exacto de habitantes. En paralelo a realojos y regularizaciones, el plan recomienda acciones más focalizadas para ir reduciendo la falta de acceso al saneamiento en esos lugares. Por ejemplo, continuar con la construcción de baños y depósitos sanitarios. La ejecución del plan deberá ser implementada por el gobierno que asuma el 1 de marzo, para lo cual la actual administración le recomienda un “amplio acuerdo” entre los organismos involucrados. El paso inicial, se sostiene, sería definir justamente quien debería estar cargo del plan. Para determinar las acciones concretas, a su vez, se describen 15 programas ya estructurados o en aplicación. También su costo. Algunos ya cuentan con financiamiento. Otros, como la construcción de nuevas redes públicas de saneamiento, rondan los US$ 500 millones. Fuente: Presidencia, ECOS