Un año después

Foto:Arrozal 33

En pocos días se cumplirá un año desde que un médico del hospital de Treinta y Tres dispuso el pase de la paciente Susana Silva al Banco de Seguros del Estado para su valoración, ya que de acuerdo a su diagnóstico primario, estaría afectada por el contacto continuado con glifosato en una arrocera. La paciente ha deambulado desde entonces por varios consultorios y se ha sometido a numerosos estudios que aún no han concluido.

Sus próximas consultas son las siguientes: nefrología el 2 de setiembre, ecocardiograma y cardiólogo 13 de setiembre, clínica de enfermedades infecciosas 31 de octubre. ¿Cómo es posible que una persona derivada desde Treinta y Tres A Montevideo el 7 de setiembre de 2018 con un diagnóstico primario de Lipotimia por “exposición crónica a agrotóxicos”, siga esperando su confirmación casi un año después?

El trabajo de Susana consistía en el cuidado del césped y jardines en el entorno de las oficinas centrales de una empresa arrocera ubicada en campos de la tercera sección del departamento de Treinta y Tres. Para mantener las sendas de acceso a estas instalaciones libres de pasto, su tarea incluía el frecuente uso de una “mochila “cargada con glifosato para regar este veneno que es conocido comúnmente como “mata yuyos”. ¿Podría ser la enfermedad que padece consecuencia de su trabajo? Hay algunos indicios:

Una investigación del Espacio Interdisciplinario de la UDELAR incluyó las “enfermedades sensoriales” del tipo que provocan lipotimia, en la lista de afecciones que llaman la atención en la población de las localidades cercanas a las arroceras, con especial mención a la incidencia del glifosato como probable agente desencadenante. (“Los trabajadores arroceros de la cuenca de la laguna Merín, análisis der su situación de salud”, 2013)

Hace más de un año se conoció una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos con la firma de sus cinco directores, que es fruto de una investigación en las arroceras del este del país, que afirma algo muy grave: “Los trabajadores no tienen capacitación suficiente para el manejo adecuado de plaguicidas y conocimiento de todos los riesgos a los que se ven enfrentados.” (Caso Julio de los Santos, 31/07/2018)

En la “Jornada de buenas prácticas agrícolas”, que se hizo en Montevideo los días 29 y 30 de mayo de este año, la Dra Amalia Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) y del Departamento de Toxicología de la Universidad de la República (Udelar), dijo entre otras cosas: “Sabemos que los plaguicidas están contribuyendo al desarrollo de enfermedades prevalentes, comunes. Hay alguna evidencia epidemiológica de que algunos plaguicidas, no sabemos exactamente cuáles, están contribuyendo al desarrollo de diabetes, de Parkinson, de enfermedades respiratorias, alergias, asma, cáncer, enfermedades que son multicausales en las que los plaguicidas juegan un rol; lo que todavía no sabemos es exactamente en qué escenario, cuál es la situación de riesgo que lleva a estas enfermedades, porque sabemos poco de la exposición, porque para poder hacer relación causal hay que medir, identificar, y eso es una carencia que no sólo existe en nuestro país, sino que existe también en la región y en el mundo”.

Ha pasado casi un año desde que un médico de Treinta y Tres manejó la hipótesis de que los problemas de salud de Susana se deberían a su contacto con glifosato. Su salud desde entonces se ha deteriorado notoriamente y cada vez es más firme la posibilidad de tener que someterse a un trasplante de hígado, con todos los riesgos que ello implica para una persona de 41 años, con dos hijas a su cargo, que era completamente sana antes de empezar a trabajar en la arrocera.

Su caso constituye un nuevo llamado de atención en torno al tema de los químicos de uso agrícola en nuestro país, cuya utilización sigue a pesar de que el principio de precaución hace aconsejable dejar de emplearlos hasta que se tenga certeza de que no atentan contra la salud de los trabajadores y la población en general.

Aníbal Terán Castromán