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La Suprema Corte tiene la úlltima palabra sobre la Ley de Riego

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 9 ago 2019
  • 3 Min. de lectura

Se juntaron firmas en todo el país.

Un comunicado emitido en el día de hoy desde la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida da cuenta de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en referencia a la inconstitucionalidad de la Ley de Riego , redactada e impulsada por el gobierno nacional y que fuera aprobada por mayoría en el Parlamento Nacional en el 2017.

Es sin duda una de las noticas más trascendentes de los últimos días . Comunicado expresa textualmente:

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dio la razón a la acción de inconstitucionalidad presentada por colectivos sociales contra la Ley de Riego, dando intervención a la Suprema Corte de Justicia para dirimir sobre la norma aprobada en 2017.

El pasado 7 de agosto del 2019, el TCA decretó elevar a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Riego que fuera presentado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.

La Ley de Riego, aprobada en el parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2017 fomenta actividades que ponen en peligro nuestro derecho de acceso al agua potable, excluye la participación de la Sociedad Civil y de los usuarios, como lo mandata la Constitución, creando un mercado lucrativo del agua en manos privadas.

Las organizaciones sociales impulsoras de la Reforma Constitucional del Agua de 2004 promovieron una campaña de recolección de firmas para interponer un recurso de Referéndum contra esta norma, en el entendido de que era violatoria del artículo 47 de la Constitución que fue colocado en la carta magna por iniciativa popular. No fue posible reunir el número de adhesiones necesarias (más de 650.000) en los plazos establecidos jurídicamente.

Desde que se aprobó la Reforma Constitucional del Agua, el 31 de octubre de 2004, con el apoyo del 64,7% de la ciudadanía, se consagró el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental. Esta iniciativa ha sido inspiradora de procesos similares en otras partes del mundo y ha sido reconocido como uno de los principales antecedentes internacionales para asegurar el acceso al agua por parte de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde ese entonces hemos venido asistiendo a una violación sistemática del mandato constitucional al punto de tener que pagar una ‘tasa ambiental’ (incluida en la tarifa de OSE que paga toda la población) para que el ente pueda solventar los crecientes costos de potabilización por el aumento exponencial en la contaminación de las fuentes ocasionado por el agronegocio (monocultivos de soja y maíz transgénicos, eucaliptus, arroz).

Luego de la aprobación de la Ley de Riego en el país se registró un histórico episodio de contaminación por cianobacterias -que impidió el uso de la mayor parte de las playas del país la pasada temporada- algo que desde la academia se ha venido advirtiendo se agravará con la proliferación de embalses en los cursos de agua.

Esta resolución del TCA indica que los argumentos presentados en la denuncia son ‘de recibo’ y merecen ser estudiados a nivel superior. Como luchadores por un derecho humano esencial para la vida, es una señal muy importante, estamos en el camino correcto.

EL AGUA ES NUESTRA, EL TERRITORIO TAMBIÉN. LA LEY DE RIEGO ES ILEGÍTIMA E INCONSTITUCIONAL

Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida


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