Le reclaman a Bolzonaro información sobre la dictadura

Desde el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos de Brasil se confirma el asesinato de Fernando Santa Cruz en 1974. Fernando Santa Cruz activo militante contra la dictadura.

El hijo del opositor, Felipe Santa Cruz, dijo que interpondrá un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que el presidente diga lo que sabe sobre la muerte de su padre.

La dictadura militar que gobernaba Brasil en 1974 fue la responsable de la muerte entre otros del activista opositor Fernando Santa Cruz, confirmó el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos, con lo que negó la versión difundida por el presidente brasileño Jair Bolsonaro.

La dependencia, a través de la Comisión de Muertos y Desaparecidos, emitió la semana pasada un certificado de defunción de Fernando Santa Cruz, padre del presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

En el documento se lee que la muerte del militante -integrante de la agrupación Acción Popular- fue "antinatural, violenta, causada por el Estado brasileño".

El certificado indica que la muerte de Santa Cruz se reportó el 23 de febrero de 1974, en Río de Janeiro, "en el contexto de la persecución sistemática y generalizada de la población identificada como un opositor político del régimen dictatorial de 1964 a 1985".

Ayer lunes, el presidente Bolsonaro, un exmilitar, dijo que Santa Cruz fue asesinado por sus propios compañeros de Acción Popular en Río de Janeiro.

En entrevista con la cadena Globo, el hijo del opositor, Felipe Santa Cruz, presidente del OAB, anunció que interpondrá un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que Bolsonaro explique lo que sabe de la muerte de su padre.

Durante décadas, sucesivos gobiernos - tanto los militares como los civiles que los sucedieron - se negaron a admitir cualquier responsabilidad sobre el destino o el paradero de esas personas, ignorando las peticiones de información de los familiares de desaparecidos políticos.

Solo en diciembre de 1995, en el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso, el gobierno brasileño decidió reconocer la muerte de los desaparecidos entre 1961 y 1979 - conforme una lista elaborada había más de dos décadas por diversas organizaciones de Derechos humanos.

Fue aprobada la Ley n°9.140.​ A pesar del reconocimiento oficial de la muerte de los desaparecidos, con la consecuente responsabilidad del Estado brasileño, el decreto no fue cumplido en su integridad, pues, pasadas más de tres décadas desde las desapariciones (ocurridos principalmente entre 1970 y 1975), las circunstancias de las muertes de los desaparecidos aún no fueron esclarecidas.

La cifra de desaparecidos por la dictadura según las organizaciones que trabajan en el tema es 140.