La misma receta en acuerdo entre FMI y el gobierno de Ecuador

El FMI puso las condiciones y L. Moreno aceptó gustoso.

Las medidas que el gobierno encabezado por Lenin Moren se ha comprometido a cumplir incluyen reformas tributarias y laborales, "armonización" de salarios públicos y privados, "optimización" de subsidios a combustibles, entre otros.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció en marzo la aprobación de un acuerdo con Ecuador por 4.200 millones de dólares, que poco antes ya había obtenido el visto bueno a nivel técnico.

Ese crédito del FMI es el grueso de un préstamo mayor, que supera los 10.000 millones de dólares: los 6.000 millones restantes provienen del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y la Agencia Francesa de Desarrollo.

"¡Qué gran noticia!", dijo el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, cuando anunció la aprobación de ese préstamo por parte de esos organismos multilaterales.

Ante la interrogante sobre si era necesario o no acudir a los organismos multilaterales en busca de apoyo, "la respuesta es sí", dice el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas de Ecuador (2003-2004).

"El país venía acumulando una serie de desequilibrios de distinta naturaleza, acumulados a lo largo de 11 años", dice Pozo en entrevista con RT, en referencia a los 10 años de gobierno de Rafael Correa y el primer año de Moreno.

Pozo, quien fue el encargado de negociar el penúltimo acuerdo con el FMI, en 2003, detalla que los "desequilibrios" económicos del país incluyen el "tamaño del Estado" que, "medido a través del gasto público", se duplicó, pasando "de 21 a 40 % del Producto Interno Bruto (PIB)" en 11 años.

La Carta de Intención presentada por Ecuador al FMI establece seis pilares hacía los cuáles busca encaminarse el país:

Restaurar la prudencia en la política fiscal. Fortalecimiento del marco institucional del Banco Central. Reforzar la resiliencia del sistema financiero. Apoyo a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento. Promover la prosperidad compartida y proteger a pobres y vulnerables. Promover la transparencia y el buen gobierno.

Para cumplir con esos objetivos, dentro de esos pilares, el Gobierno ecuatoriano se compromete, entre otras cosas, a hacer "un cuidadoso reajuste de la masa salarial por medio de una estrategia que equilibre la restricción salarial con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y en la contratación de nuevos funcionarios".

También tiene el plan de "renovar únicamente uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y de armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado".

El texto también señala que Ecuador estará obligado a "continuar con la optimización de los subsidios a los combustibles mediante la normalización de los precios del diésel de uso industrial". Ya el año pasado se quitaron los subsidios al diésel para pescadores y camaroneras, así como a los distintos tipos de gasolina.

Además, van a "actualizar" las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas"; y "monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados".

El Gobierno ecuatoriano se comprometió también a presentar una reforma tributaria, que tiene como objetivos "mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de los impuestos directos a los indirectos, y reduciendo las exenciones y el trato preferencial". Contempla la eliminación gradual de "los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior".

Otro paso será la reforma laboral. Según la Carta de Intención, esta "implica adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad, retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo".

Estas medidas se suman a otras que ya ha venido aplicado el Gobierno en distintas materias, en especial en la reducción del Estado.

El año pasado se eliminaron 20 instituciones como ministerios, secretarías, institutos y agencias dependientes; y ya han anunciado, por ejemplo, la posibilidad de privatizar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En marzo pasado, el ministro del Trabajo, Andrés Madero, informó, en una comparecencia en la Asamblea Nacional, que desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público.