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Mercedes PAMER: 100 trabajadores irán al seguro de paro

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 16 mar 2019
  • 5 Min. de lectura

Con ley forestal y más plantas de celulosa, este modelo no admite industrias que le agreguen valor a la actividad. Desde el gremio sostienen que se debe al desabastecimiento de materia prima que se exporta todo al exterior, y entienden que “es un tema político” ya que no se está defendiendo la industria nacional.

Unos 70 trabajadores de la fábrica de papel PAMER, ubicada en el departamento de Soriano, serán enviados al seguro de paro. Se trata del 25% de la plantilla de la empresa, que tiene 280 dependientes. A consecuencia de ello, otros 30 trabajadores de empresas tercerizadas vinculadas a su actividad serán forzados a ampararse en el subsidio. En el último año ya se había mandado funcionarios al seguro, pero esta vez sería por la falta de materia prima para producir, algo que no responde a una situación puntual sino que viene desde hace tiempo y ahora se está agudizando, sostienen desde el sindicato. Así lo confirmó Juan Daniel Penini, dirigente del gremio, a la agencia local de noticias @gesor: “La situación se da porque no hay materia prima, los recortes para fabricar papel se están vendiendo hacia Argentina -donde pagan mejor-, y no está quedando nada para el mercado local”, dijo y agregó: “Es una problemática que se viene dando desde hace tiempo y ahora se está agudizando”. En nuestro país hay más de un millón de hectáreas forestadas y -con el resistido contrato firmado entre ROU (República Oriental del Uruguay) y la multinacional celulósica UPM- está previsto forestar muchas más. Además, el sector forestal está en el podio de los principales rubros en las exportaciones del país. Sin embargo, parece ser solo un negocio para las multinacionales, empresas extranjeras acogidas al régimen de zona franca que no pagan impuestos en Uruguay y se llevan las ganancias fuera, y primarizadoras generando escasas fuentes de empleo, como es el caso de la finlandesa UPM que evalúa instalar la más grande de sus plantas celulosas en el mundo. Pero si existe la posibilidad que la multinacional defina en 2020 la instalación de UPM 2, es gracias a la voluntad política del gobierno, que otorga una batería de prebendas, beneficios, cláusulas extraordinarias, exoneraciones tributarias y una multimillonaria inversión en infraestructura en las más diversas áreas con un gasto para el país que superará la inversión privada. Por el contrario, la situación para la industria nacional es muy distinta y responde a lo que este mismo modelo genera; todos los meses cierran unidades productivas, reestructuran su funcionamiento afectando a su personal, y el seguro de paro parece ser una medida donde el Estado asume las retribuciones salariales para aliviar por unos meses la economía de las empresas y “controlar” así las cifras de desempleo, esperando sin éxito que la llegada de nuevas inversiones extranjeras fortalezcan la macroeconomía del país y redunde en mejores condiciones para que nuestra industria levante cabeza. Así, si llegaran algún día las condiciones favorables, solo quedarán los grandes capitales para beneficiarse, ya que las pequeñas y medianas empresas al igual que los pequeños y medianos productores continúan ahogándose en esta crisis y concentrándose la actividad cada vez en menos manos. Por eso Penini, vicepresidente del sindicato de PAMER, aseguró que además de la asamblea de trabajadores que realizarían ayer para ver cómo manejar la situación, intentarían realizar gestiones “con actores políticos para ver si se puede solucionar este tema, porque ya no compete solo al sindicato” sino que es un “tema político, aunque sea para proteger la industria nacional”. Por su parte Raúl Perdomo, dirigente departamental del 26 de Marzo y la Unidad Popular, consideró que de confirmarse esta noticia conocida a través del sindicato, sería “un durísimo golpe para la ciudad y todo el departamento”. Según el titular de la Lista 326 en Soriano, el empleo es uno de los problemas más angustiantes que padecen los mercedarios; y que peligren un centenar de fuentes de empleo en la industria, agravaría aún más la situación.

Trabajadores castigados

Hace un año atrás la Federación de Obreros Papeleros Cartoneros del Uruguay (FOPCU) denunciaba una problemática con las afiliaciones de los trabajadores del Centro Papelero Mercedes (PAMER), que surgía a partir de la modalidad de contratación que estaba adoptando la empresa. Marcelo Mazza, dirigente de la FOPCU había expresado a la Comisión de Legislación del Parlamento que “la empresa tiene una forma continua de trabajar utilizando contratos a término con los empleados. Hoy en día, tiene dos lugares grandes de trabajo grandes destinados a la fabricación de papel y de corrugado. En este último sector, el 50% del personal es contratado, y en la parte de papel, el 30%. Entendemos que hay ciertos momentos de trabajo zafral que amerita la realización de ese tipo de contratos, pero en estos dos lugares hay altos porcentajes de personas que trabajan en puestos directos, es decir, todo el año a contrato en lugares que no son zafrales”. Mazza explicaba la empresa “hace una interrupción de un mes entre un contrato y otro. Esto inhibe a la empresa de pagar un despido. Ese mes van a seguro de paro, que lo paga el BPS, y después los vuelve a tomar, con la salvedad de que, a veces, el contrato nuevo se firma antes de que salgan al seguro de paro al otro mes”. Esto hace que “la gente se está yendo por la edad o porque se va nomás y la renovación es con personal contratado. Por eso, va aumentando cada vez más ese número. No hay una regulación del porcentaje de contratados y no contratados que puede haber. Obviamente, la gente contratada no piensa ni en pasar por la puerta del sindicato, porque sabe que le cortan el contrato. Hay gente que ha trabajado ocho horas y a la novena llama por teléfono para decir que no va más”. Según Mazza, la respuesta del MTSS y de la DINATRA en reiteradas ocasiones era “que la empresa está amparada en el marco legal y no se puede hacer nada”. Por su parte Martín Castro, señalaba que esta problemática se trasladaba también a la seguridad laboral: “en esta industria las máquinas son pesadas y tener continuamente compañeros contratados, sin la capacitación y la experiencia necesarias, ha ocasionado accidentes graves”. La preocupación también llegaba a nivel sindical, y el debilitamiento de la herramienta: “vemos que la empresa usa este método amparada legalmente y nos pasa que en dos años perdimos 45 afiliados. Lisa y llanamente, le dicen: Si te afiliás al sindicato, terminás el contrato y no te tomamos más. Nos pasó que un compañero contratado se afilió y le dijeron: Te damos 5 días de plazo. Te desafiliás o te vas. Se tuvo que desafiliar”, sentenció.


 
 
 

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