Inmigrantes sin respaldo estatal azen tierras uruguayas

La presencia de un número cada vez mayor de inmigrantes latinoamericanos y las dificultades que enfrentan en lo que hace al acceso al trabajo y a la vivienda, es tema cada vez más frecuente en los medios de comunicación.

Organizaciones sociales profundamente preocupadas

Fue el anterior y el actual gobierno que promovieron la llegada al país de inmigrantes, aunque no se crearon las condiciones, ni antes ni ahora, para que la estadía o el afincamiento en Uruguay se desarrolle con un mínimo de derechos garantidos. Tal lo que ocurre con un grupo de mujeres con sus hijos que ayer serían desalojadas de lugar donde habitan.

Detalles del caso

El caso involucra a siete mujeres, de las cuales 6 son migrantes de origen peruano y dominicano, con 10 hijos/as lactantes o en edad escolar a cargo. Las mujeres se encontraban ocupando un inmueble abandonado en el área céntrica de Montevideo en la calle Mercedes desde mayo 2018, debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda. En el mes de abril de 2018 recibieron una comunicación de la Seccional Policial 3ª en la que se manifestaba que por orden de la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno se les concedía un plazo de 20 días para retirarse del inmueble. El 25 de junio de 2018 se les notificó por la policía que la Fiscalía les daba un plazo de 5 días para abandonar la finca, bajo apercibimiento de ser conducidos por el delito de usurpación. Una vez que concurrieron a fiscalía se les informó finalmente que el plazo para el desalojo vencía indefectiblemente el viernes 7 de setiembre a la hora 15.00, oportunidad en que debían entregar la llave de la finca a la abogada del denunciante en presencia de la policía. Durante este período, agentes estatales les han advertido que podrían ser formalizadas por el delito de usurpación si no abandonan el inmueble o incluso quitar la tutela de sus hijos/as menores. Durante ese período de tiempo han promovido una acción de amparo por acceso a la vivienda que fuera comunicada por oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1º Turno a Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno, y a su vez se encuentra en trámite un proceso de desalojo en el Juzgado de Paz Departamental de 27º Turno, procesos civiles aún en dilucidación. Esta intimación a abandonar la vivienda que se realiza por la fiscalía ignora las decisiones judiciales tomadas en el ámbito civil. Ergo, la intimación de abandonar las fincas del pasado 7 de setiembre se hace sin que exista siquiera una resolución judicial que lo disponga.

Carta abierta

El jueves 6, varias organizaciones sociales enviaron una Carta Abierta a Fiscalía General de la Nación, Fiscalía General de la Nación Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Jorge Díaz con Institución Nacional de Derechos Humanos, Dra. Josefina Pla, Secretaría de DDHH de Presidencia, Lic. Nelson Villareal y Comité DESC de Naciones Unidas: Sra. Virginia Bras-Gomes (Presidenta del Comité) Sr. Renato Zerbini Leao Sr. Mikel Mancisidor Sr. Rodrigo Uprimny.

Entre otros conceptos se expresaba:

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición de Organizaciones para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Estado Uruguayo al PIDESC (Coalición DESC Uruguay), hacemos llegar nuestra profunda preocupación ante la desocupación dispuesta por la fiscalía interviniente, para el próximo viernes 7 de septiembre, a un grupo de mujeres con diez niños y niñas a cargo, sin atender a las resultancias de un juicio de desalojo en trámite ante el Juez de Paz Departamental de 27º Turno (Expediente 2-27514/2018). En conocimiento del caso que involucra a siete mujeres, de las cuales seis son migrantes, y a diez niños/as quienes se encuentran hasta el momento ocupando fincas contiguas abandonadas en el área central de Montevideo: 1) expresamos nuestra profunda preocupación ante la intimación de la fiscalía a abandonar la vivienda, sin que procedan los pasos correspondientes al juicio en trámite, que garanticen un debido proceso y la posibilidad de obtener una alternativa determinada por la justicia. Es de extrema gravedad que esta resolución sea determinada sin brindar ni exigir a los organismos del Estado competentes, una alternativa habitacional en cumplimiento y garantía del derecho a la vivienda adecuada del que somos titulares todos los habitantes del país. Llamamos además la atención sobre este caso particular donde la mayoría de las afectadas son mujeres migrantes que podrían ser procesadas por el delito de usurpación, una figura que criminaliza a quienes están en situación de pobreza y ocupan un lugar como última alternativa de vivienda. Alertamos, además, que la utilización de esta figura delictiva representaría un daño irreparable para estas mujeres, ya que podría afectar en varios casos su posibilidad de regular su estatus migratorio y solicitar la residencia en Uruguay.