La UP solidaria con luchadores en Colombia

Declaración de la Unidad Popular

Condenamos los asesinatos de campesinos y luchadores políticos y sociales en Colombia

El proceso de paz culminado entre el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos y las FARC-EP no ha determinado el cese de las incursiones represivas del Ejército y los grupos paramilitares, asesinando líderes sociales campesinos e incluso, militantes de las propias FARC.

Ha alcanzado especial repercusión la matanza de campesinos en el municipio de Tumaco, por parte del propio Ejército colombiano, con el resultado de 10 campesinos asesinados y otros heridos.

Desde hace meses, diferentes organizaciones sociales le han notificado al Gobierno, a la ONU y a la opinión pública, la violencia que la fuerza pública ejerce contra los campesinos, colonos, negros e indígenas que protestan por el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos de erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, surgidos del Punto IV del Acuerdo de La Habana. En septiembre pasado, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denunció la intensificación de operaciones violentas de erradicación forzosa por parte del Ejército y de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en El Retorno (Guaviare), Puerto Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander).

La Defensoría del Pueblo ha encendido alertas rojas sobre las amenazas y homicidios perpetrados contra líderes y comunidades involucradas en la implementación de programas de erradicación. Se trata de una política de represión contra la protesta social por el incumplimiento de los acuerdos de erradicación voluntaria. La historia es simple: el Gobierno firmó el pacto pero no inició programas de sustitución de cultivos; la gente sale a la carretera, llega la fuerza pública, choca contra los campesinos y en medio del alboroto y los gritos “se dispara y resultan muertos y heridos”.

La política rapaz de la oligarquía colombiana con el apoyo de su brazo paramilitar y del Ejército, con la complicidad y la inacción del propio gobierno de Santos, prosigue su política de despojo y represión a las comunidades campesinas colombianas. Esta situación que se pone en evidencia en los recientes asesinatos y otros anteriores, no es objeto de titulares de los grandes medios de comunicación, ni merece ningún comentario del Secretario de la OEA, Luis Almagro, ni de los gobiernos latinoamericanos o europeos que pontifican sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Expresamos nuestra condena a estos repudiables asesinatos y exigimos que el gobierno uruguayo se pronuncie sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, así como el juicio y castigo de los responsables.

Coordinador Nacional de la Unidad Popular-

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