Bancarios deciden sobre Privatización del Brou

Este sábado, en el Platense, se realizará una asamblea de los trabajadores del Banco República para discutir las diferencias que mantiene el gremio con el Directorio y con el Poder Ejecutivo a propósito del cierre de dependencias, el retiro del banco de 21 localidades del interior país y las privatizaciones que están liquidando el Banco. Que por primera vez hay informes donde ganan menos que los privados gracias a la política del FA.

El definitiva la entrega del negocio financiero a los privados en la forma más descarada y ver si los trabajadores en definitiva están dispuestos a decirle basta!! A la posibilidad de entregar el Brou, sin luchar.

Por ahora se sabe de la existencia de dos posiciones. Una que entiende que el tema ya fue laudado y se debe seguir trabajando en comisiones, postura sostenida por la lista 98 (Socialistas y AU) mayoritaria dentro de AEBU que tendría como aliados a los comunistas (lista 17). La otra postura es la que sustentan las otras agrupaciones gremiales (575-810-1955) militantes independientes de izquierda y MPP, que proponen rechazar el Plan de Gobierno y profundizar las medidas de lucha.

Compartimos con nuestros lectores la propuesta que nuestro matutino entiende que es la que mejor defiende el "Banco país"

Porque principio tienen las cosas

INFORME DE LA COORDINACION PARA EL CAMBIO A LA ASAMBLEA BROU

16 DE SETIEMBRE 2017

Los trabajadores de las empresas del Estado nos declaramos en conflicto. No es casualidad ni novedad la situación. Sí lo es el enfrentamiento de los trabajadores con el Gobierno por la falta de negociación colectiva y de buena fe; por el incumplimiento de los convenios colectivos y por las crecientes, costosas y catastróficas privatizaciones en las empresas públicas. La orden de los organismos internacionales de liquidar las empresas del Estado no es nueva, ni únicamente para nuestro país. Basta con mirar lo ocurrido en toda Latinoamérica en la década de los 90. Sin embargo, parecen estarlo consiguiendo al no encontrar resistencia (por el contrario) en los gobiernos progresistas ni en los trabajadores organizados, en muchos casos, con direcciones afines al propio Gobierno.

Hoy, esa misma orden continúa en pie, y algunos sindicatos en nuestro país, nuevamente, se lanzan a la calle en contra de las privatizaciones, que de manera constante y continua avanzan precarizando el empleo, aplicando el ajuste sobre los trabajadores, y dando de ganar a las empresas privadas, bajo el falso argumento de la baja de costos. El pasaje de las tareas a manos privadas, por sectores, por áreas, en las distintas empresas es parte fundamental de una política que tiende a destruir a las mismas, y por consiguiente, continuar beneficiando a los capitales privados.

Cuando el gobierno no puede controlar un sindicato, aplica, como política de contención del movimiento obrero, decretos de esencialidad o el 401, cada vez con menos argumentación, pero con la misma actitud represiva. La cúpula sindical se encarga de utilizar la aplicación de los decretos para desestimular el empuje de las bases. Las declaraciones de la cúpula del PIT-CNT responsabilizan a los trabajadores por las medidas adoptadas, antes que al gobierno por los decretos represivos y por la situación que genera los conflictos.

La ley de inclusión financiera, enmarcada en lo que consideran derecho humano y justificándolo en que es el camino para solucionar la pobreza en el mundo, cómo si los trabajadores pudieran vivir sin techo, y sin ingresos dignos pero resguardados por tener una tarjeta de débito y una cuenta bancaria, la cual se hace obligatoria y de la cual se restringen los retiros. La “inclusión financiera” no responde ni a la educación, ni a la alza de los salarios ante una canasta básica con un precio exorbitante, sino a la necesidad de los Bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio, y de facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo.

Por si esto fuera poco, al tiempo que el Gobierno Uruguayo avanza en la bancarización obligatoria, retira dependencias en el interior del país y obliga a los usuarios a ser atendidos por corresponsales privados, trasladando la operativa, la información, el negocio, las ganancias y precarizando el empleo.

La Banca Oficial

El BSE se enfrentará a una crisis que podrá, de no encontrarse una solución real, dejar a la empresa en bancarrota. El negocio de las AFAPs es tan negativo que ninguna empresa aseguradora privada se hizo cargo, quedando únicamente el BSE obligado por ley.

El BHU está ingresando en una nueva reestructura de la cual el Consejo de Sector recién está en conocimiento, sin saber aún su fundamentación, ni su alcance.

La ANV sigue en su camino de separación de la misma del sistema financiero. Los trabajadores “genuinos” no están amparados bajo el Convenio Colectivo de la Banca Oficial, manteniendo unas condiciones precarias con respecto al resto de la Banca Oficial y en particular de los compañeros de la misma institución provenientes del BHU.

El BCU va de reestructura en reestructura, en pos de la “estructura objetivo”, slogan bien parecido al de “tareas de valor agregado” del Directorio del BROU; fusionando escalafones y tareas, tecnificando el personal e incumpliendo aún las condiciones de pasaje a la Banca Oficial de los trabajadores ex Bandes.

El BROU transita un camino de achique. Su piloto fue en 2013 con el cierre parcial de Baltasar Brum y hoy son 21 las dependencias en esa situación. El Consejo de Sector permitió que el Banco avanzara en ese sentido durante todos estos años a pesar de nuestra constante denuncia al respecto.

El vaciamiento de las dependencias, el retiro de carteras, las recategorizaciones a la baja una y otra vez, cambiando criterios y ponderaciones, imposibilitando a las sucursales a volver a crecer y los posteriores cierres parciales, son todas parte de la política del Banco que no escapa de los lineamientos del Gobierno en cuanto a las empresas del Estado.

La nueva conducción de la Banca Oficial trajo consigo un cambio en la forma de discutir, negociar y sobre todo plantarse frente a un gobierno ajustador y defensor de los intereses de los capitales privados, contraponiéndolo con el compromiso de la defensa de la Banca Oficial, de su rol social, la defensa del empleo y de las condiciones de trabajo.

La propuesta presentada por el BROU en junio de este año (a un mes de asumir el Consejo) a la Comisión Representativa, fue de inmediato tomada por el Consejo. En aquella establecía, entre otras cosas, en menos de una carilla y sin una mínima justificación lo siguiente:

El primer punto, la creación de 4 niveles de dependencias. La primera con dos gerentes, la segunda que mantendría como las hoy conocidas como A, la tercera como las B, y la última como Microbancas. Esto significa la eliminación de las dependencias C, por lo que el paso para su desmantelamiento tiende a ser mucho más rápido.

El segundo punto establecía el pasaje de 15 dependencias a la categoría de Microbanca. La propuesta no establece un criterio para la conformación de la primera categoría, que en definitiva podría ser beneficiosa, pero sí detalla el achique.

El tercer punto era el cierre parcial de 5 nuevas dependencias en el interior (las últimas que quedaban como Microbanca al momento).

La nueva propuesta mantiene el cierre parcial, con la diferencia de mantener las puertas abiertas los primeros 10 días corridos, para luego sí pasar al cierre parcial. Por tanto, la modificación en el mejor de los casos mantiene 3 días más abierta las dependencias con respecto a la propuesta inicial.

Luego establece la creación de una comisión de monitoreo que estudie únicamente estas 5 dependencias: no incluye las 21 ya cerradas, ni establece la posibilidad de mantener a estas sucursales en el régimen actual.

En definitiva, se nos plantea la anuencia del sindicato con respecto a las dependencias ya cerradas, aceptando no incluirlas en la discusión y por ende dando el capítulo por cerrado, lo cual no solo significa un retroceso de nuestra parte, sino que habilita la posibilidad de continuar avanzando en el mismo sentido con más y más dependencias. Si a esto le agregamos que la proyección del Banco es pasar 65 dependencias a Microbanca, y que al día de hoy todas las que se encuentran en esa categoría fueron o pretenden ser pasadas a este régimen, hablamos de que el 50% de las dependencias podría pasar al cierre parcial. Y mientras tanto, el pasaje de las tareas, operativa, negocio y ganancias continúan en aumento a manos de privados.

El cuarto punto era la fusión de 10 agencias en Montevideo. Uruguay-Aguada, Portones-Carrasco, Villa Biarritz-Punta Carretas, Paso Molino-Sayago y Unión-Mercado Modelo. Esta fusión venía de la mano del inminente cierre de alguna de estas agencias, sin una argumentación real, ni un criterio claro (ni por volumen de operativa, ni por cercanía, ni costos, etc).

La última propuesta de Directorio reduce de 10 a 4 las dependencias que se fusionan, sin contar las 4 ya fusionadas (Zabala-Misiones, que nunca fue comunicada oficialmente al sindicato y la reciente Centro-Gaucho en el nuevo Edificio Litoral con un local ya construido al momento de iniciar las negociaciones). Las que se mantienen, curiosamente son Unión-Mercado Modelo y Paso Molino-Sayago. Tanto Unión cómo Paso Molino fueron las dependencias que más “Cuentas Inclusión” abrieron, por tanto es claro que tienen de las más grandes zonas de influencia de toda la red.

Conociendo cómo se desarrolla la operativa en esas Agencias y la situación de las condiciones de trabajo de los compañeros, podemos además determinar que ya es complicada la afluencia de público hoy en día, si además se traslada la operativa de otra dependencia, la situación pasará directamente a ser caótica, justificándose aún más la presencia de corresponsales.

La agencia Mercado Modelo, apenas unos años atrás había pasado de ser categorizada B, a A. Esto implica, según la medición que realiza el Banco, un aumento en la operativa y en el negocio. Sin embargo, el Directorio resuelve ir hacia el achique, y fusionar la dependencia. ¿Cuál será el argumento? No lo sabemos. Nunca se contestó.

La agencia Sayago dejaría de atender público en general, trasladando su operativa a Paso Molino. Su zona de influencia es amplia, y lo único que queda en ella es la Banca privada. ¿Se tomó en consideración? ¿Qué sucederá con la sobrecarga no sólo en Paso Molino, sino en Colón, y en Unión? Tampoco hay respuesta.

Luego se agregan un par de elementos que recogen parte del planteo del sindicato en la propuesta presentada en el ámbito. Los concursos internos de ascensos, que en definitiva son la regularización de la situación actual, con varios cargos siendo ocupados con asignación de funciones. Lo otro, el ingreso de 150 trabajadores de la lista de prelación de administrativos que no llega a cubrir las vacantes.

Si bien consideramos ambos puntos favorables, es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, en el año 2013 (año del último ingreso de personal) había un total de 4262 trabajadores presupuestados. Al día de hoy somos 3745. Considerando el ingreso de los 120 administrativos y los 10 choferes estaríamos en 3875 trabajadores. En promedio en los próximos años se jubilan alrededor de 200 trabajadores por año. El 2019 es año electoral, por lo que no pueden ingresar nuevos trabajadores, a lo que se suma el tope en el total de funcionarios en los presupuestos, por directiva de la O.P.P.

Por tanto, el ingreso de 150 trabajadores no da para cubrir las vacantes ya generadas desde el 2013, pero además mucho menos para palear las jubilaciones de los próximos años, y por si fuera poco, el ingreso previsto es únicamente para administrativos, por lo que se continúa con la sangría del escalafón de servicios, llevándolo casi a la extinción, lo cual se traducirá en más privatización y más precarización.

Los concursos de ascenso previstos, como marcábamos arriba, es la regularización de la situación actual. Ahora, primero, esto no debe ser moneda de cambio en una negociación, la regularización debe ser hecha sea cual sea la negociación que se lleve adelante y por otro lado, ¿serán esos cargos suficientes? ¿Cuál es la estructura prevista? Y más aún, ¿cuál es la proyección si según el plan se pasaría a tener 65 Microbancas, lo que llevaría a la eliminación de más puestos de Gerentes y Japs, y si además la dotación de las mismas no está establecida, llegando a ser atendidas por 2 trabajadores? ¿Qué sucede con el encargado de Microbanca? ¿Seguirá siendo un cargo con perfil y manual, pero sin ser concursado?

El otro punto integrado por el sindicato en la discusión son las privatizaciones. El banco en su propuesta dice que “Las tareas permanentes y sostenidas centrales del negocio bancario son y seguirán siendo realizadas por trabajadores genuinos del BROU.” En definitiva no se reconoce la existencia de ninguna privatización. Y en esa línea propone el Banco generar un espacio de negociación bipartita. Lo cual, partiendo de esta base, ya adelantamos, no arrojará ningún resultado favorable si cerramos la etapa de negociación en este momento.

Históricas privatizaciones en el Banco País

¿QUIÉN DIRIGE AL BROU?

Un exceso de “amparos” en excepciones del TOCAF, altos costos, despilfarro, precarización laboral para los uruguayos, falta de visión y planificación así como la pésima gestión de los recursos humanos, la falta de transparencia y de buenos criterios de administración, saltan a la vista.

La constante privatización de los servicios, que entre un 80% y 90% el BROU lo justifican en la falta de personal, y cómo los vínculos del poder tienen como objetivo la pérdida de mercado del Brou, en favor de la banca y de las empresas privadas, está demostrado. De hecho, en el sector informático del Brou, en poder “de 10 trasnacionales” según publica Brecha (El desguace, 18/08/2017), conviven 148 trabajadores de empresas privadas, con 177 trabajadores presupuestados. Ahora ustedes deciden.

1. Polgar, el asesor y el concuñado; las Pyme, la Agencia Nacional para el Desarrollo, el Fondes y el Banco Mundial…

TODOS CONTRA LA RED

Por ley de 2015, el Fondo para el Desarrollo (FONDES) se dividió en: Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP, a cargo del ex Diputado por el Partido Socialista Frente Amplio y ex Consejero Central de Aebu por la Agrupación 98, Gustavo Bernini), y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE, creada por Ley de 2009 para las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del Cr. Martín Dibarboure, ex Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Corporación Nacional para el Desarrollo).

Álvaro Correa, asesor de Jorge Polgar, es uno de los tres directores de ANDE. Dibarboure y Polgar son concuñados, ambos son yernos de Jorge Brovetto, el ex Ministro de Educación y ex Presidente del Frente Amplio.

ANDE es capitalizada por la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) y por el BROU; profundiza, como vimos, en iniciativas del sector empresarial privado, colaborando para su coordinación con organismos públicos. Actúa bajo la órbita directa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Subrayado, mientras ANDE tiene U$S 60.000.000 para administrar, el ala cooperativa está en problemas, debido a que el BROU debe “presentar su balance consolidado incluyendo a sus sucursales en el exterior”, por lo que no aportará a Rentas Generales por un tiempo. La implementación de Basilea III obliga al Banco a capitalizar, esta implementación se produce a partir de la crisis financiera del 2008 para contrarrestar un mayor riesgo; entre otras consecuencias, los Bancos tendrán menos dinero para prestar.

A su vez, esto se refleja en la ciudadanía en un aumento de los porcentajes del salario líquido que deben percibir. Sin embargo, a la vez que ellos aumentan, y por ende se otorgan menos préstamos, los límites para operar con tarjetas de crédito aumentaron. El economista José Rocca advierte que, a partir de la Ley de Inclusión “el dinero de trabajadores y jubilados debe pasar por un intermediario que lo recibe en una ventanilla de manera gratuita mientras que del otro lado del mostrador cobra intereses de usura por prestarle ese dinero incluso al mismo asalariado. Los banqueros además obtienen mejores instrumentos para facilitar el cobro directo de sus préstamos”.

El Banco Mundial afirma que la inclusión será la herramienta para luchar contra los 2.200 millones de pobres que hay en el mundo. Según la politóloga Beatriz Stolowicz, citada por el economista Gustavo Melazzi “Las transferencias gubernamentales proveen una atractiva oportunidad para llevar a los no bancarizados a servicios financieros formales a través de un consistente flujo de dinero a las cuentas.

Menciona la “seguridad” para los más pobres, y agrega que la “inclusión” de sus ingresos“…

probablemente permanecerán en la cuenta durante algún tiempo. Esto, a su vez, puede dar lugar a más transacciones que generen comisiones, y permitir la función de intermediación para obtener intereses de los fondos desde que se depositan hasta que se retiran, sostiene el economista.

A su vez, Melazzi afirma que en 2008 “se crea la Alianza para la Inclusión Financiera, en la cual están integrados todos los países de la América Latina continental” y que “esta bancarización forzosa (esencialmente, los salarios) pone a disposición de los bancos una inmensa masa de dinero para que operen con ella; los trabajadores financian gratuitamente al capital bancario”.

Volviendo al FONDES, y según Subrayado (14/07/17) “El Parlamento pidió a la Justicia que investigue los préstamos del Fondes a cooperativas como Alas U (ex Pluna), Envidrio (ex Cristalerías del Uruguay), Urutransfor (ex Mak que fabricaba transformadores eléctricos), Cooperativa Obreros Empalme Olmos (ex Metzen y Sena), Pressur (eximprenta de Nueva Helvecia), Cotrapay (ex Paylana) y Funsacoop (ex Funsa).”

Álvaro Correa, el asesor, “posee vasta experiencia en tareas de gerenciamiento y consultoría de empresas públicas y privadas”, afirma la página de ANDE, la que posee entre sus cometidos: “Promover, articular y coordinar las acciones de los actores públicos y privados vinculados al desarrollo económico productivo, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles.” (Ley 18.602). En particular, el apoyo a Pymes.

Actualmente, ANDE lanzó un “Plan de incentivos para el desarrollo de servicios financieros en pequeñas localidades” subsidiados y con garantía de cobro de facturas, es decir, pago de comisiones por parte del Estado, o dicho en otras palabras: en los 95 emprendimientos “deberán poder pagarse: UTE, OSE, Servicios de telefonía, Patente Única (SUCIVE),Tributos departamentales, Tributos nacionales (DGI – Impuesto de Enseñanza Primaria), Aportes BPS, Solicitudes ingresadas a través del Portal del Estado, para Cédula de Identidad y Partidas de Nacimiento”.

No en vano el Brou resolvió fusionar agencias y cerrar parcialmente sucursales. Las agencias que cierran dejan en su lugar atención con agenda para las Pymes, resorte de la ANDE. Las sucursales que pasan a Microbanca son despojadas de sus carteras de crédito para luego pasar a cerrar parcialmente. Mientras tanto, ANDE larga una iniciativa para servicios financieros privados, por un lado, y por otro, convoca a interesados en dar préstamos bajo la modalidad de Microfinanzas.

En definitiva, el BROU está subvencionando su propia privatización.

La categorización de Agencias y Sucursales permite al Brou, discrecional y unilateralmente, rebajar la categoría de una dependencia. A partir de allí, ya sin su cartera de crédito y sin personal mínimo, son condenadas a permanecer en esa categoría y se las castiga, junto a los pobladores de la localidad, al cierre del servicio 2 veces por semana. Las supuestas tareas de “valor agregado” que deben realizar los trabajadores bancarios, excusa para el cese de la atención al público y los cierres de cajas, tal como surge de la propuesta del 16 de agosto, no han sido planificadas ni se están llevando adelante.

Es frecuente la apertura de corresponsales ni bien el Brou cierra o anuncia su cierre. Por citar algunos, en Migues abrió un Abitab y en Nuevo Berlín, el Banco vendió propiedades linderas con la Sucursal y ahora hay un Red Pagos.

2. Juez y parte

EL ANALISIS DE CREDITO CON CPA FERRERE

Desde el propio Directorio de la Institución, como asesor de Jorge Polgar, con un salario superior al GEPU 50, el Economista Álvaro Correa (el de ANDE) “lleva la voz cantante” en el Comité de Crédito del Banco País, tomando decisiones al más alto nivel.

El Análisis del Crédito es uno de los sectores neurálgicos del Brou que se encuentra privatizado. Con una estructura vigente desde 2013 para 28 analistas, hoy son 21, contando el cargo de Coordinador.

El BROU adjudicó a 3 empresas el análisis del 50% de su cartera de crédito y, según la memoria descriptiva, para clientes “cuya asistencia consolidada con el BROU no exceda el 10% de la RPBB”, aproximadamente U$S 1.600.000.

En primer lugar quedó CPA Ferrere, cotizando a $ 6.900 el Informe Común (para clientes iguales o mayores a U$S 600.000), $ 5.464,80 el Básico (para clientes menores a U$S 600.000) y $ 1.648,41 el Informe simplificado. A todos los precios hay que sumarles el IVA. El BROU facilita a CPA “hasta ocho puestos de trabajo” y los informes deben ser firmados por dos profesionales (el que realiza la evaluación y el que supervisa). Sin embargo, entre dos y tres compañeros de Análisis de Crédito también deben revisar las carpetas y los informes.

Estos puestos son llenados por estudiantes contratados de Ciencias Económicas que no llegan a cobrar $ 15.000 líquidos. Si bien deben trabajar “in situ” CPA FERRERE también tiene conexión online para el acceso a la información de nuestros clientes.

La forma que la administración encontró para medir la productividad de los compañeros analistas fue comparar la cantidad de carpetas analizadas por cada uno, con las carpetas realizadas por los trabajadores contratados, sin tener en cuenta, no sólo la complejidad de la carpeta analizada sino también que los compañeros revisan la tarea desarrollada por la empresa privada.

Como siempre sucede en el Brou, si bien la memoria descriptiva no establece que el trabajo será controlado por funcionarios de la institución, la práctica indica que es la única manera de detectar errores antes de tiempo. La adjudicación de esta contratación es por hasta 3 años con un máximo de $ 45.000.000. En segundo y tercer lugar quedaron KPMG y Price Waterhouse Cooper. KPMG ya está recibiendo su dosis de carpetas.

CPA Ferrere posee, además del análisis del crédito corporativo, 9 contratos vigentes con el BROU, sumando U$S 22.000 y $ 25.000.000 al año. Uno de ellos, explicita en el Considerando 2. “Que CPA Ferrere tiene una herramienta especialmente diseñada para el control contable de la migración entre cores…”. El Considerando 7 agrega “…su gran experiencia en control de calidad y migraciones, su amplio conocimiento de Bantotal, así como su participación en el Proyecto Core desde su comienzo, lo convierten en el único proveedor que puede brindar estos servicios al Banco…”

El 13 de diciembre de 2016 el Brou publica la segmentación de la cartera de crédito, pero el 26 de mayo de 2016 ya llamaba a firmas interesadas: “Que al realizar una segmentación de la cartera corporativa por fecha de cierre de balances, se observa una concentración muy importante en dos momentos: 30 de junio y 31 de diciembre.” Sin embargo, el trabajo de CPA es durante todo el año.

El banco también argumenta “que si bien las áreas de Análisis de Crédito Agro y Empresas se han unificado y están comenzando un período de capacitación cruzada, la dotación aún es insuficiente en los períodos referidos anteriormente.”

Según los compañeros, esa capacitación no se está realizando y por la propia especificidad de los Sectores Agro y Empresas aún siguen sin aparecer los lineamientos y beneficios que conllevaron a esta fusión.

Ya desde 2012, el BROU “realizó…compras directas referidas a este servicio de análisis técnico y en el año 2013 contrató a las consultoras CPA y KPMG, a través de una licitación abreviada para el análisis de una parte de su cartera comercial relativa a empresas industriales, comerciales y de servicios.”

Son varios los argumentos que utilizó el Brou para privatizar Análisis de crédito, ayudado por empresas privadas que plantean modificaciones y luego se postulan para llevar esas modificaciones adelante. En tanto el Brou no llena las vacantes y despilfarra el dinero de los uruguayos.

Asimismo, recién a partir de la denuncia de un cliente que descubrió que quien se estaba comunicando por sus balances no era funcionario del BROU, CPA Ferrere aclara en sus e-mail que “desarrollan la actividad en marco de la licitación abreviada n° xxxxx para la cual la consultora xxxx se encuentra brindando asistencia técnica al Brou en la materia”. Esta confusión se origina en que los correos se envían desde casillas del dominio @brou.com.uy.

También los trabajadores de Microfinanzas S.A. tienen prohibido informar al cliente que no son funcionarias del BROU.

3. El huevo o la gallina

AXIONA

En marzo de 2014 AXIONA (Rilersy S.A.) se postuló como “Asesor de Confianza y Complemento de Consultoría” para el Proyecto Core, asegurando “haber acompañado al Banco durante la etapa de selección y contratación del proyecto”. En junio del mismo año la contrataron “para asesorar al Banco en un proyecto de optimización del proceso de crédito calificado”.

Dentro de los considerandos el Brou expresa que “se entiende que el proceso de crédito calificado que actualmente el banco lleva adelante es perfectible con el objetivo de limitar los tiempos que insumen sus distintas etapas…” y que “corresponde la puesta en práctica de medidas de aplicación rápida, que podrán generar una reducción sustancial de los tiempos del proceso a efectos de hacerlos más competitivos…”

En noviembre de 2014, se adjudica a AXIONA, por más de U$S 700.000, un “servicio de optimización del proceso de crédito calificado y mejora en Dependencias” por U$S 39.200 al mes. En marzo de 2015 el Brou ya no quiso contratar a la empresa pero los servicios se encargaron de fundamentar la contratación de quien fue Gerente del proyecto en representación de AXIONA, a U$S 1.800 la semana.

3 años después, AXIONA tiene 3 contratos vigentes por U$S 500.000 al año, los problemas persisten en Crédito Corporativo y siguen sin llenar las vacantes.

1. La privatización de Medios de Pago, Canales Digitales, Canales Alternativos, Dependencias y Mora temprana

MICROFINANZAS S.A.

La creación de Microfinanzas S.A. (RMSA) fue aprobada por la mayoría sindical de Aebu como una solución para las trabajadoras de la ex Rilomán (Créditos Naranja), cuando la crisis del 2002. Nosotros entendíamos que Aebu debía negarse a esta privatización y bregar por la presupuestación de las compañeras. Si el Brou pretendía abarcar las microfinanzas pues bien podía hacerlo institucionalmente.

En la actualidad Microfinanzas tiene contratos que exceden las microfinanzas en sí. Estos contratos, de los más variados y siempre argumentando la falta de personal, van desde $ 385 más IVA la hora para los trabajadores que asisten en los autómatas, hasta $ 594 más IVA para las tareas de Back Office en Medios de Pago. Lo cierto es que Microfinanzas sigue dando pérdida y los trabajadores cobran salarios muy inferiores, no sólo respecto a los salarios de los bancarios del BROU, sino a lo que el BROU paga por hora a RMSA.

Estos trabajadores perciben entre 87 y 120 pesos la hora, dependiendo si son contratados directamente por RMSA o si RMSA subcontrata otra empresa que toma otros trabajadores, como BTL Uruguay S.R.L., Rayvercom o CLAVE. En Baltasar Brum, atendida por dos compañeros que también se encargan de la Microbanca Tomás Gomensoro (viajando 80 km. en taxi martes y jueves), existen trabajadores con contratos a 30 días renovables.

Las contrataciones con RMSA se hacen de manera directa, por ser “actividades propias del giro bancario”. Sin embargo, un informe del abogado de una de las Divisiones “establece que la admisibilidad de la celebración de la contratación estará condicionada a que la misma no incluya la participación, ni directa ni indirectamente, de empresas privadas, no siendo de recibo que República Microfinanzas subcontrate empresas privadas para la prestación de los servicios objeto del contrato”.

DIVISION BANCA PERSONA: a) La recuperación de mora temprana también está privatizada. Los argumentos que esgrime el BROU son “el aumento de la mora” y “la inexistencia de procesos de mora temprana y de contactos tendientes a la recuperación de deudas por parte de las Dependencias. Salvo excepciones”. Esta tarea se abona en base a un porcentaje de lo recuperado según el tiempo de atraso de la deuda. Los porcentajes oscilan entre un 12% y un 23%.

b) Los costos por mensaje de texto y carta enviada por recupero se abonan a $1,32 el mensaje y $ 24,20 la carta. A ambos precios se debe sumar el IVA.

A su vez, RMSA es contratada también para las siguientes tareas:

c) Tareas de Back Office: $ 456 más IVA por hora.

d) Tareas de Call Center $ 594 más IVA por hora.

El 9 de diciembre de 2016 se le adjudicó por 6 meses $ 28.987.200.

EN CANALES: PROGRAMA YO TRABAJO Y ESTUDIO DE RMSA

Este programa es creado por RMSA por similitud con el programa del gobierno “Yo estudio y trabajo”, del que hablaremos más adelante. En este caso los trabajadores son estudiantes universitarios con contratos a un año (no renovables) y salarios líquidos de $ 13.000; además reciben 3.000 en ticket de alimentación. Actualmente se desempeñan en el Centro de Contacto, para los clientes.

El 9 de marzo del corriente se solicitó aumentar en 20 la cantidad de operadores, sumando 40 en total. La justificación es que “se acumulan aproximadamente 9.000 correos sin contestar a clientes”. Y “las llamadas abandonadas se encuentran en el entorno de más del 50%”. Además, “en mayo se agregan 25 Dependencias al nuevo modelo de atención, que demandarán apoyo”.

Esta nueva contratación “que no está alcanzada por el TOCAF” es por 60.000 horas de “servicios de apoyo para la contestación de correos electrónicos a clientes destinados a Canales Digitales”. El monto adjudicado es $ 28.182.000, a $ 385 la hora más IVA.

La situación contractual de estos trabajadores los castiga doblemente, por su precariedad y porque por definición del Consejo de Banca Privada, no son ni serán afiliados a Aebu.

1. La privatización de la gestión del efectivo y del cierre de Cajas, el hijo del Presidente y Stavros & Moyal

ABITAB y RED PAGOS

Como administradores de corresponsales, estas dos empresas se ven beneficiadas a la vez que benefician a la Banca Privada a partir de la “ampliación” de sus locales. Desde 2011 hasta hoy han dado un salto fabuloso en sus ganancias. Pasaron de 1 millón y medio de pesos de comisiones al mes, a 6 millones al mes en 4 años. En el último año despegaron a más de 30 millones de pesos al mes.

No debería llamar nuestra atención que sus auditores externos también tengan negocios con el BROU o estén vinculados a él. KPMG es el auditor externo de Abitab. El de Red Pagos (NUMMI S.A.), es STAVROS & MOYAL, empresa de uno de nuestros directores, Pablo Moyal.

Stavros Moyal y Asociados S.R.L. fue denunciada por diversos medios. En particular, El Espectador publica en febrero de 2016: “Según documentos entregados al Parlamento, la consultora Stavros Moyal y Asociados ganó una licitación para realizar los balances de 13 fideicomisos administrados por la Agencia Nacional de Vivienda. Pero durante el proceso de estudio de las propuestas, esa consultora se encontraba realizando los dictámenes de los estados contables. Es decir, era juez y parte interesada.

Luego emitió los dictámenes y alteró la fecha. Los documentos prueban que el dictamen tiene fecha anterior a la aprobación por parte del directorio y firmado por el Presidente Arq. Francisco Beltrame.

Hasta diciembre de 2014 la empresa Stavros Moyal y Asociados cubría simultáneamente: auditoría de la ANV, auditoría de 11 fideicomisos, auditoría del fondo de garantía, implementación de cambios al sistema informático (norma 3.8 BCU) y liquidación de impuestos, valiéndose de distintas sociedades integradas por los mismos socios, a sabiendas de la ANV, para no ser sancionado por Banco Central del Uruguay.

La empresa Stavros Moyal y Asociados + CONEBAN (mismos socios) facturaron 1.300.000 dólares durante los años 2014 y 2015. Nada de esto fue licitado”.

Los salarios mínimos de los trabajadores de Abitab y Red Pagos, laudado en Consejo de Salarios, Sector 14, es de $ 14.000. El salario mínimo de un trabajador del BROU administrativo es de $ 31.000. El mínimo de un trabajador de Banca Privada es de $ 48.000. Pero ahora también se puede pedir préstamos en el supermercado del barrio donde la cajera, que cobra menos de $ 15.000 formará parte de este sistema financiero mientras también le cobra la harina y el pan. Algunas de estos préstamos con folletería que indica “¿Necesitás efectivo? Solicítalo ahora sólo con tu cédula consultá en caja” son otorgados por empresas como Pronto (RETOP S.A.).

Esta empresa fue una de las beneficiadas en 2010 con exoneración de impuestos para “la construcción de nuevas oficinas y la incorporación de hardware y accesorios” por una resolución del gobierno, en el marco de la ley 16.906 “Interés nacional, promoción y protección”, modificación de la Ley de Promoción Industrial, originada en la dictadura uruguaya. La exoneración ascendió a 1.704.577 U.I., aplicable por 3 años.

Las comisiones son:

• Retiros menores a $ 5.000 o U$S100: 3,43 U.I. más IVA.

• Retiros mayores a $ 5.000 o U$S100: 6,86 U.I. más IVA.

• Depósitos: Topes U$S 3.000 o $ 100.000: 14,70 U.I. más IVA.

• Tarjetas: 6,90 U.I. más IVA.

Durante el mes de julio de 2017 se realizaron 35.800 depósitos en dólares en los corresponsales y 251.400 en pesos, la suma de los mismos alcanzó los U$S 27.700.000 y $ 1.400.000.000. Los depósitos en el Brou fueron de 330.000 en autómatas y 70.000 por caja, sumando 400.000. En los corresponsales los depósitos suman 287.000 y la gráfica viene en amplia caída para el Brou. El grueso de las ganancias de estas empresas no queda en el Brou, sino en Bancos privados.

Por su parte, los retiros por cajero automático fueron 2.800.000 y 500.000 por corresponsales. Evidentemente, los usuarios prefieren depositar con humanos de los corresponsales, antes que en nuestros autómatas, pero prefieren retirar el dinero de nuestros autómatas que con humanos en los corresponsales. Hasta 2015 los corresponsales utilizaban nuestros servicios sin pagar absolutamente nada.

RESONANCE, GEOCOM Y POS 2000

Resonance, fue la empresa encargada del progama de Peñarol “Hincha Glorioso” y ahora, con un préstamo del BID lanza Resonet, competencia en POS (Point of Sale, por sus siglas en inglés: punto de venta) para Scanntech y Pos 2000 (de Geocom). Representada por Paul Beare, vinculado con Microsoft y con el Hospital Británico, firmaron con el Brou algunas tareas que no estaban aún realizando los corresponsales: el alta de clientes y el alta y entrega de tarjetas.

Los interesados en entrar al negocio deben “presentar carta intención de adhesión a RESONANCE”. El procesamiento de los datos se hará en Datacenter, de Telefónica Uruguay, “el gigante español de las telecomunicaciones”, representado por Movistar.

LAS COMISIONES SON:

Retiro en efectivo: 3,4 U.I.

Carga de Tarjeta prepaga: 7 U.I.

Depósito en efectivo: 11,9 U.I.

Alta de clientes: 140 U.I.

Cobro de giro: 6,05 U.I.

Alta y entrega de tarjeta: 35 U.I.

El acuerdo garantiza cantidades mínimas mensuales de 100 corresponsales, mientras que se contrata también una cantidad mínima mensual, en este caso, de 200 puntos de retiro de efectivo. Por lo tanto, el monto de la contratación mensual asciende a 287.490 U.I. Al firmar, y pese a admitir que “los 300 puntos no estarán operativos” se adelanta el pago de 6 meses. Efectivamente, el BROU pagó, con valor 21 de diciembre de 2016 $ 6.056.414 por adelantado.

Según El Observador: “La meta de Resonet (el POS de Resonance) es instalar al menos 3.000 POS durante los próximos 12 meses, dijo Beare. Las tarifas de arrendamientos de los POS varían según el tipo de aparato.

La opción más económica es la terminal que va conectada a la línea telefónica que tenga el comercio, la cual tiene una tarifa de arrendamiento mensual $ 300 + IVA. Una segunda es un POS de escritorio que tiene incorporado un chip con conectividad con un precio de $ 600 + IVA. Finalmente, la tercera opción contempla POS móviles con conectividad incluida con una tarifa de $ 770 + IVA mensuales. Los precios están en línea con lo que se ofrece en el mercado, afirmaron desde la empresa”.

Asimismo, Resonance contó con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del BID quien le inyectó U$S 600.000 a la empresa.

El mismo medio informa que “la ley de Inclusión Financiera habilita un subsidio –mediante un crédito fiscal para el pago de impuestos– para el pequeño comercio del costo del arrendamiento de 70% para este año y de 40% para 2018”. El que no pierde es el dueño del POS.

Asimismo, la empresa GEOCOM (POS 2000) recibió varias críticas debido a su vínculo con Javier Vázquez, hijo del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien también fue denunciado en el destape de los “Panamá Papers” por su empresa Conibel SA. Según diversos medios de prensa, los únicos POS que se podían arrendar (ya que no se venden, se cobra por su alquiler y mantenimiento) para la Red BROU eran justamente los de propiedad de GEOCOM.

Según la prensa opositora “Correo del Viernes”: “El Banco República ofrece el servicio de tarjetas de débito Visa y Master, para informarse en lo relativo a solicitar el equipo vía telefónica, incluye el teléfono 1996, en dicha terminal telefónica, se es derivado al Centro de Atención a Comercios –First Data- (29031244), de donde a su vez se deriva a la empresa Geocom (24817777)”.

El mismo medio, al denunciar los “Panamá Papers” afirma que, según la página de internet del empresario: “El hijo del presidente es ingeniero y tuvo varios emprendimientos vinculados a las tecnologías de la información. Entre ellas Uysoftware —Conibel SA Uruguay—, “especializada en implantación de grandes proyectos de software, con business partners, tales como Artech, Artech Consulting, Delarrobla y Asociados y Montevideo Com”

Delarrobla y asociados es quien ganó la licitación del BROU para el Proyecto Core, con su producto: Bantotal. El Brou no utilizó ninguna de sus propiedades, para este Proyecto, siquiera el vacío hall de Casa Central, pero decidió pagar cuantiosas sumas por dos pisos en el Edificio Mapfre. Desde 2015 pagamos mensualmente U$S 28.000 de alquiler y $ 276.000 de gastos. Hasta la fecha, más de 1 millón de dólares.

1. Auditores y algo más

DELOITTE S.C.

Es nuestro auditor externo, a la vez, realiza diversas tareas y ofrecimientos. Actualmente tiene contratos por U$S 100.000 y $ 600.000 aparte de la Auditoría. Por el “apoyo para la elaboración de un Programa de Reformulación Operacional”, en 2014, facturaron U$S 100.000.

Por asesorar en materia tributaria U$S 420.000, por el “diseño de un modelo de gestión y monitoreo para la realización de planes de las dependencias del Banco”, en julio 2013 facturaron $ 717.000 pesos.

Por “servicios de informes relacionados con el mercado de crédito a las familias, por un año $ 80.000. Por el “apoyo del análisis de un potencial incidente de seguridad” U$S 31.000, también en 2016. En 2015 también dieron un “servicio de revisión e identificación de oportunidades de mejora en los procesos de Logística del Dinero del Banco” $ 850.000, etc., etc., etc.

Auditan, pero además proponen. Por una “charla informativa en relación a las perspectivas económicas y del sector financiero para 2015-2017, destinada a la Alta Gerencia y los Apoyos Comerciales de los Negocios”, cobraron $ 90.000.

El BROU perdió un juicio por $ 84.000 en un Juzgado de Canelones. Tres compañeras de la empresa de limpieza contratada por el Brou no percibieron licencia, ni aguinaldo, ni salario vacacional. Al declararse la empresa en quiebra, el Banco, por la Ley de Tercerizaciones, tuvo que pagar. El juzgado debió intimarlo porque pese a haber perdido, demoró más de un mes en cumplir.

1. Gato por liebre: violando la Ley de Empleo Juvenil

YO ESTUDIO Y YO TRABAJO

El programa Yo estudio y Trabajo fue creado para que los jóvenes pudieran realizar sus primeras experiencias laborales. Son contratos de un año con salarios de $ 14.444 por 30 horas semanales. Estos trabajadores, más de 100, sustituyen tareas de administrativos de ingreso y del escalafón de servicios en

Agencias y Sucursales.

Primero fue que los puestos del interior, cuyas dependencias no fueran categoría A, cesaban al vacar. Luego, por la vía de los hechos, ante el pasaje a administrativo de decenas de estos compañeros y al no haber cumplido el Directorio con el concurso externo para el llenado de esos cargos, los puestos están desapareciendo. Pero no así sus tareas, que en los lugares donde no tenemos estos compañeros, son suplidos por becarios de Yo estudio y Trabajo, por guardias privados de seguridad, haciendo doble tarea, o trabajadoras de Microfinanzas o tercerizadas por esta.

Esto sucede pese a que en las propias bases del llamado se establece que “En todos los casos serán de apoyo y sin revestir el carácter de permanentes”.

A su vez, la Ley de Empleo Juvenil, que regula parte del programa Yo Estudio y Trabajo, establece en su artículo 6º, como requisito para el empleador privado: “No haber rescindido unilateralmente ningún contrato laboral, ni haber realizado envíos al seguro de desempleo durante los noventa días anteriores a la contratación ni durante el plazo que durare la misma, respecto de trabajadores que realicen iguales o similares tareas o funciones a las que la persona joven contratada vaya a realizar en el establecimiento”.

Evidentemente, el espíritu del Programa Yo estudio y trabajo, no era la eliminación de vacantes en los organismos del Estado ni la eliminación de puestos en empresas privadas, porque, en ese caso, los becarios estarían realizando experiencia laboral para puestos que son eliminados por su propia experiencia. Puestos a los que ya no podrán acceder, ni ellos ni ningún uruguayo.

1. La seguridad, la dictadura

PROSEGUR Y G4

Custodia de blindados

Esta empresa, nace a partir de la fusión de Juncadella-Prosegur, vinculada con la dictadura franquista y con quien fuera Comandante en Jefe de la Armada argentina, y responsable de la ESMA, uno de los centros de detención y tortura durante la dictadura, Emilio Eduardo Massera, acusado de innumerables crímenes de lesa humanidad.

Esta empresa fue contratada por el BROU por resolución del 1º de noviembre de 2012 para realizar un servicio de “vehículo de apoyo con chofer”, es decir, la custodia de transporte de valores, tarea que hasta ese momento, se realizaba con blindados propios.

El Banco pagó $ 62.875 más IVA durante el mes de octubre de 2016, por cada trabajador de Prosegur. El día de hoy el nominal de estos trabajadores es de $ 30.000. Pero la contratación anual de mayo 2015 fue por $ 20.182.000.

Así perdieron seguridad los compañeros que transportan valores, mientras los blindados de apoyo dormían en su predio.

Guardias de seguridad

También fueron contratados guardias de PROSEGUR para sustituir a los policías del Ministerio del Interior, que con tanta inseguridad, debían salir a patrullar las calles. Estos trabajadores cobran $ 120 la hora mientras la empresa factura al BROU $ 370 por cada una. El contrato es a 3 años por $ 60.000.000, prorrogable.

Guardias de Seguridad G4S

Empresa multinacional de origen británica, fundada en 2004, con 618.000 trabajadores en todo el mundo, ofrece desde guardaespaldas hasta guardias de cárceles o mercenarios. Denunciados por violar los derechos humanos, por diversas organizaciones, en Uruguay facturan al BROU $ 185.000.000 de pesos por año para guardias de seguridad de Montevideo y Canelones.

El Brou paga la hora de cada trabajador a $ 350. Ellos reciben $ 90 por hora. A modo comparativo diremos que los guardias cobran hoy, por hora, lo que el Brou les pagaba por ellos, a sus patrones, en 2009. El predio de Aebu, también está custodiado por trabajadores de esta empresa.

1. Nuestro propio UBER

COVI S.A.

$ 600.000 para contratación de vehículos con chofer para traslado de funcionarios: remises o camionetas. Pero también, y sólo para visitar obras en Gestión Edilicia $ 1.100.000 por año. Mientras, 24 autos comprados en 2011 por $ 10.000.000, duermen en el Garage del Brou.

EN DEFENSA DEL BANCO REPUBLICA, DE, POR Y PARA LOS URUGUAYOS, EL 16 TODOS A LA ASAMBLEA

COORDINACIÓN PARA EL CAMBIO

810-575

AEBU-PIT CNT

Montevideo, 11 de setiembre, 2017.-

#Brou #Privatización #Aebu