Condenan a cuatro jueces argentinos por delitos de lesa humanidad

Concentración frente a los juzgados en Mendoza, esperando el fallo.

Un tribunal los consideró partícipes primarios de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura militar. La pena es cadena perpetua.

La justicia argentina ha dado otro paso sin precedentes en el castigo al terrorismo de Estado. A los cientos de militares juzgados y condenados suma ahora a cuatro ex jueces federales de la provincia de Mendoza (1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires) culpables de garantizar la impunidad en decenas de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) al no investigar los delitos. La novedad del fallo, leído en la noche de ayer , es la condena a una conducta sistemática del Poder Judicial y no a casos puntuales, como en causas anteriores.

Una multitud esperó frente a los tribunales de Mendoza la condena a cuatro jueces de la dictadura militar argentina.

"Hemos entrado en la historia con un fallo ejemplar a nivel internacional. Creo que después del juicio a los jueces del nazismo no hay otro antecedente en el mundo. Los jueces condenados dijeron a los represores ‘secuestren, aprópiense de niños que nosotros les cubrimos las espaldas sin investigar y archivando las denuncias”, dice Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza.

La garantía de impunidad fue la clave de las condenas a prisión perpetua contra Rolando Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. El tribunal consideró que todos fueron partícipes primarios de los delitos de lesa humanidad cometidos por otros 21 acusados en el juicio, entre militares y policías que fueron la “mano de obra” de la dictadura. “Partícipes primarios significa que los jueces realizaron un aporte esencial a la realización del delito, por eso la pena es la misma que para los autores materiales. Estos jueces tuvieron el dominio de la jurisdicción de Mendoza durante terrorismo de Estado”, explicó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sólo Romano fue condenado por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Su caso fue emblemático porque se ocultó en Chile y pidió asilo político, hasta que la Corte Suprema de ese país aprobó su extradición a Argentina.

La condena ha sido también un avance hacia los responsables civiles del terrorismo de Estado. Si bien los juicios contra los militares avanzaron con rapidez con el regreso a la democracia en 1983, con el juicio a la Junta militar como emblema, los funcionarios que apoyaron a la dictadura lograron evadir durante años a los tribunales. El caso de los cuatro magistrados ahora condenados es paradigmático. “Siguieron siendo jueces hasta 2011, bien entrada la democracia. Tuvimos que sacarlos con el Consejo de la Magistratura con todas las garantías legales, las mismas que ellos no dieron durante la dictadura a las víctimas”, dice Salinas. En todo caso, el fallo condenatorio entendió que esta negación de garantías fue el aceite que permitió mover los engranajes de la represión estatal. “Si su postura durante la dictadura hubiese sido otra, seguramente no hubiéramos tenido crímenes de esta magnitud. Habría habido crímenes, seguro, pero quizás ni tantos ni tan fáciles de realizar y ocultar”, agrega Iud.