La salud no debe ser objeto de lucro

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5 jul 2017
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El gobierno preocupado por la Investigadora sobre ASSE y el Fonasa

Ha sido el tema de los últimos días. La presentación del Diputado Eduardo Rubio, 26 de Marzo –Unidad Popular, de la propuesta de crear una Comisión Investigadora sobre la gestión de las autoridades de ASSE ha generado inquietud entre los integrantes de la fuerza de gobierno. Varios medios de prensa de la capital y el resto del país han reclamado la presencia del Diputado de izquierda, que ha expresado entre otros conceptos el gran trabajo realizado por los integrantes de la bancada en la preparación de los documentos , preparación que insumió extensas jornadas de estudio y recopilación de datos . Además Rubio resaltó que han recibido valiosa información desde distintos ámbitos de los servicios de salud del Estado de muchas personas que por razones obvias han pedido permanecer en el anonimato.

El siguiente es el texto de la denuncia.

DENUNCIA:

Por gestión de ASSE desde el 2008 hasta la fecha y la denominada Estafa del FONASA.

Introducción

La promocionada reforma de la salud que se concreta con la aprobación de la ley 18.211, por la que se crea el SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud), coloca a ASSE como un prestador más de salud dentro de ese sistema con una diferencia esencial: como prestador público de salud ASSE no tiene entre sus objetivos el lucro. En tanto que los prestadores privados, tienen como objeto principal de toda su actividad, el lucro.

Esta supuesta integración o complementación (como gusta en llamarse) de lo público con lo privado tiene generalmente la misma consecuencia: pierde lo público y gana lo privado.

En nuestra concepción, la Salud como un derecho humano esencial nunca puede ser objeto de lucro. El Estado debe ser el responsable de garantizar el acceso a una atención digna y gratuita en salud a todos los habitantes de la República, más allá de su condición social y económica.

Somos conscientes de que esa no es la realidad del Uruguay de hoy. Que el sistema vigente es el que combina lo público con lo privado y considera a la salud como una mercancía. Pero aún en este sistema se debe cumplir con las leyes y con las normas de una correcta administración. Se debe respetar el TOCAF y las resoluciones de los organismos de contralor. Se debe ser especialmente cuidadoso en evitar caer en conflictos de intereses, en la conjunción del interés público con el privado. Se debe ser absolutamente transparente.

No es esto lo que ha pasado, a nuestro juicio, en la gestión de ASSE.

De la auditoría externa realizada en el año 2014, de las más de 70 Unidades Ejecutoras, solo 29 presentaron información. De esas 29 unidades, 27 presentaron irregularidades.

En la auditoría interna, solo 20 unidades ejecutoras presentaron documentación. Todas tenían irregularidades.

Prácticamente todas las irregularidades se dan en tercerizaciones, en la contratación de servicios médicos o de traslados. Por consiguiente, con las políticas de privatización es donde se abre camino a las irregularidades o ilicitudes, e incluso a situaciones con fuerte apariencia de corrupción.

En el rubro de tercerizaciones, se reiteran las irregularidades en los contratos. Desde la falta de depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato (lo que parece ser la regla), incumplimiento de los mismos contratos, incumplimiento de leyes laborales, hasta el total desconocimiento de las observaciones formuladas por el TCR.

Es usual esperar al vencimiento de los contratos sin llamar a una nueva licitación, por lo que generalmente, se termina contratando en forma directa a la misma empresa; aunque el monto de la compra supere ampliamente lo que está autorizado como compra directa. De esta manera, se viola y en forma reiterada lo que determina la ley.

Llama la atención la repetición de los nombres de las mismas empresas en las diversas UE de ASSE; los diversos rubros que estas abarcan, así como también la ampliación del contrato y su extensión a otras UE a pesar de los incumplimientos que generalmente vuelven a reiterar.

En la contratación de servicios médicos (análisis clínicos, estudios, camas de CTI, etc.) el incremento del gasto en algunos lugares ha sido exponencial. En realidad, inexplicable.

ASSE es el principal comprador de servicios médicos en el país. Y sin embargo no fija un precio común a cada servicio. Una misma tomografía le puede costar a ASSE prácticamente el doble si la compra en un departamento, a determinado proveedor que si la compra en otro.

Es incompresible que ASSE no utilice sus propios recursos, o no los desarrolle cuando no los tiene. La experiencia muestra que el desarrollo de recursos propios implica importantes ahorros, además de brindar un mejor servicio a los usuarios.

Se repiten las situaciones en la que funcionarios de ASSE con capacidad de decisión contratan a sus propias empresas para venderle servicios a ASSE. Esto configura una clara situación de conjunción de intereses., incompatible con criterios de transparencia y buena administración.

Del análisis de la ejecución presupuestal y en el comparativo entre los años 2008 y 2015 surge con claridad el incremento exponencial del gasto en la compra de servicios a privados. De estos datos surge que más del 20% del presupuesto de ASSE se va a las empresas privadas de la salud.

En los hechos por la vía de las tercerizaciones y la compra de servicios médicos y traslados, ASSE se transforma en el principal financiador de los empresarios privados de la salud; incluso en algunas ocasiones como salvador de empresas de dudosa perspectiva.

Por lo expuesto, sostenemos que sobran razones para que el Parlamento investigue los hechos que se detallan en la presente denuncia: por la gravedad de los mismos, por referirse nada menos que al tema de la Salud y por la magnitud de los recursos que se manejan.

También consideramos oportuno, incorporar en esta denuncia la situación que se ha generado a partir de conocerse la llamada: estafa del FONASA.

Detrás del sensacionalismo de la crónica policial, lo que se esconde a nuestro juicio, es una grave falla del sistema, que ha permitido la filtración de datos (que son de manejo exclusivo del BPS) de las personas que finalmente resultaron afectadas.

Conjuntamente, cabe destacar que esta situación dilatada en el tiempo, debió ameritar una enérgica acción de la JUNASA. Sin embargo, por lo que se conoce hasta ahora, dicha acción no se habría concretado.

En el mismo sentido, que lo solicitado por ASSE, entendemos que el Parlamento debe investigar a fondo esta situación totalmente irregular, para establecer o descartar responsabilidades. Y en ambos casos para corregir a fondo una situación que termina perjudicando seriamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El cuerpo de la denuncia se compone de VII capítulos con el siguiente contenido:

Capítulo I. Tercerizaciones:

1. Contratación de empresas de limpieza, vigilancia, mantenimiento, conserjería, camilleros entre otras.

2. Contratación de camas de CTI y cuidados moderados

3. Traslados

4. Contratación de estudios médicos, servicios de oxigenoterapia, contratación de profesionales y técnicos.

Capítulo II Gastos en Tercerizaciones y compra de servicios a privados: análisis del incremento del gasto a partir de los datos que aporta la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 2015 y comparativo con años anteriores.

Capítulo III Arquitectura: obras proyectadas, en curso y finalizadas que son administradas por las Comisiones de Obras de las Unidades Ejecutoras de ASSE.

Capítulo IV Situación particular de algunas UE.

1. Colonias Psiquiátricas: Santín C. Rossi y Etchepare.

2. Centro de Salud de la Costa.

3. Centro de Salud del Cerro.

4. Hospital de las Piedras.

5. Hospital de Canelones.

6. Hospital de Ojos.

7. Hospital de San Carlos.

8. RAP-Metropolitana

9. Hospital Piñeyro del Campo.

10. Hospital de Treinta y Tres.

11. Hemocentro de Maldonado.