106ª Conferencia Internacional del Trabajo: Gobierno y Pit-Cnt dirimen desacuerdo con empresarios p

Luego de amenazas públicas de la Cámara de Industrias (CIU) y la Cámara de Comercio (CNCS) de llevar sus objeciones a la Ley de Negociación Colectiva que manifiestan desde antes de ser instrumentada a la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo, por no encontrar avances en solucionar sus discrepancias en negociación con el gobierno y el PitCnt, y un circo llevado adelante en los grandes medios de prensa y por cadena nacional de radio y televisión, junto con el Ministro de Trabajo Ernesto Murro, el propio presidente de la República Tabaré Vázquez, y los máximos dirigentes de la central oficialista; finalmente el empresariado dio un paso atrás y no seguirá adelante con su denuncia en esta 106ª Conferencia que comienza el próximo lunes en Ginebra, Suiza. El argumento de las cámaras empresariales es que ir a fondo con esta medida incluiría a Uruguay en las listas negras de la OIT, y más allá de perjudicar al gobierno al llevar una política a favor del capital las dificultades son también para los propios empresarios. A su vez el Dr. Tabaré

Vázquez fue convidado a realizar el discurso inaugural de la Conferencia, por lo que una situación de este tipo dejaría en ridículo a la máxima autoridad del país ante las inversiones extranjeras. Naturalmente estas fueron las preocupaciones que manifestó el PitCnt mientras estuvo planteada la posible denuncia, claramente guardián de los intereses del gobierno. Por tanto, por encima de los beneficios u obligaciones de la ley de negociación colectiva, está la gobernabilidad y la santa inversión extranjera, es decir, mantenerse en el poder. Un acuerdo superior entre el gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales; que evidentemente no puede ser al mismo tiempo de los trabajadores. Mientras se sigue pateando y acordando entre abrazos los dirigentes sindicales, empresarios y gobernantes desde hace más de una década, se mantiene hace más de un lustro la intransigencia con los funcionarios judiciales, incluso con resoluciones y sentencias judiciales firmes y definitivas. Se dice que todo el mundo le gana juicios al Estado; pero los empresarios los cobran y los trabajadores no.